¿Federalismo en España?

ESPAÑA

por Manuel Fernández EspinosaI El estado partitocrático de las autonomías.

Parecería que el Estado de las Autonomías está yéndose a pique. Los escándalos de la corrupción cometida durante los decenios de “democracia” ocupan la primera plana de los periódicos. Redes clientelares basadas en el parentesco o en la afinidad política se han estado lucrando del erario, el tráfico de influencias, el desvío de fondos públicos, la creación de insólitos patrimonios, la evasión de capitales a paraísos fiscales son el correlato de una cínica política del saqueo y el latrocinio. Cataluña, Andalucía, Baleares, Madrid… Y podemos decir que la mayoría de los naturales o residentes en estas comunidades autónomas habían oído hablar de los tejemanejes que se traían los personajes que ahora son objeto de investigación. La corrupción no es monopolio de un partido, sino que la corrupción se muestra como la más transversal de las praxis y no pocas veces hace gala de la increíble imaginación de sus beneficiarios a la hora de crear triquiñuelas y chanchullos o reinventarlos. El Estado de las Autonomías, como constructo político transitorio, ha sido un apto instrumento en manos de los repúblicos más desaprensivos para realizar durante sus largas carreras políticas un expolio subrepticio que ahora, por unas u otras razones, está revelándose como la hedionda cloaca que era y puede que solo sea la punta del iceberg.

La crisis económica, no lo dudemos, está descorriendo la cortina que impedía ver estos guisos de Juan Palomo y estos desaguisados y lo que constatamos es que, peor que la crisis económica, es la crisis moral. El Estado de las Autonomías se montó apresuradamente, con el “consenso” (palabra mágica) de todos: las izquierdas, los nacionalistas y esa nebulosa llamada centro-derecha (donde no cabe un cobarde más). A las izquierdas y a los nacionalistas (vascos y catalanes) no se les puede reprochar que fuesen fieles a sus programas. En 1977, la extinta Acción Comunista (en la que militaba Carlos Semprún y se disolvería al año siguiente) no lo podía decir con más claridad: “Por un lado, pues, hay que proclamar bien alto que la unidad del Estado español y la Patria nos importan un comino”. El mismo año 1977 otros partidos izquierdistas, con menos frescura castiza, también insistían en la misma idea, dejando en la estructura profunda lo del “comino” y blandiendo la otra palabra mágica: “federalismo”. El Partido Comunista de España expresaba por aquel entonces: “Los comunistas propugnamos la libre unión de todos los pueblos de España en una República Federal” y el Partido Socialista Obrero Español no le iba a la zaga: “El PSOE se pronuncia por la constitución de una República Federal de las Nacionalidades que integran el Estado Español”. Los nacionalistas vascos y catalanes “moderados” (CIU y PNV) jugaban sus cartas entendiendo que si la coyuntura no se prestaba, había que sacar el máximo partido a la situación para caminar hacia su meta: a veces proclamada como “autodeterminación” y otras veces propugnando la “independencia”. Y una de las inversiones a medio-largo plazo era acaparar los medios culturales y mediáticos y, por supuesto, la enseñanza en sus respectivas comunidades autónomas. Pero, ¿y el centro-derecha? El centro-derecha, siempre miedoso, exageró las ansias de autodeterminación del nacionalismo (que no era en aquellos tiempos, ni la mitad de lo que es hoy) y cedió, como es su costumbre y, torpe de él, no solo fue incapaz de corregir una dirección, sino que la potenció con su estúpida y folclórica concepción centralista del Estado.

Las administraciones autonómicas, al igual que las diputaciones y municipios, se convirtieron de esta guisa en una especie de cuarteles de invierno para aquellos partidos que no lograban alcanzar el gobierno de la nación, mientras que Cataluña y País Vasco, siempre más problemáticos, se convertían en el feudo de los partidos nacionalistas “amables” (siempre con su más enérgica repulsa por los atentados de grupos terroristas que iban directos a sus metas sin tantos rodeos como ellos): en Cataluña y País Vasco, las competencias de educación pasaron a manos de acérrimos nacionalistas y comenzó la ingeniería social en las escuelas, inoculándose el odio a España, las televisiones autonómicas cooperaron progresivamente en la misma dirección y ahora tenemos lo que tenemos.

En el resto de España no estamos mejor: las comunidades autonómicas han mostrado a lo largo de estos decenios democráticos una perseverancia en el voto digna de mejor afán y así han ido perpetuándose, lo mismo me da Alianza Popular (después Partido Popular) o PSOE, repartiéndose el poder fragmentado territorialmente. La inmovilidad del voto no puede achacarse solo a una especie de fidelidad por unas siglas a las que el votante se sentía apegado, también abunda la lealtad del cliéntulo al que le dan la sopa boba, es cierto. Pero no menos cierto es que la mitad de España es “tradicionalista”, sí que lo es: pues mucha gente ha votado a los partidos de izquierda durante décadas por una razón: “por tradición familiar más inmediata”, por la simple razón de haber tenido un abuelo socialista o comunista, represaliado, exiliado, muerto, fusilado o tan tranquilo en su casa después de hacer la mili con Franco. La otra España es la que se ha mostrado menos “tradicionalista”, me refiero a la España “derechista”. La derecha española, con la transición, apostó por el cambio, bien por razones bastardas de oportunismo o bien por ingenuidad (de la que siempre anduvo sobrada), y la derecha española dejó de votar a las formaciones en que habían militado sus abuelos y padres: las diversas familias carlistas o las diversas falanges. Hubo un tiempo en que parecía que algunos carlistas y falangistas podían agruparse en Fuerza Nueva de D. Blas Piñar, pero el sueño no duró: Alianza Popular se llevó el gato al agua y la denominada “extrema derecha” española fue laminada, sus grupúsculos quedaron relegados a una función social: la de alimentar el terror virtual del “fascismo” como enemigo de las libertades públicas, la de chivo expiatorio.

El Estado de las Autonomías no hubiera sido tan nefasto si los partidos políticos, de toda condición y signo, no hubieran acaparado la representatividad social, hurtándosela a las comunidades reales: la familia, el municipio, el sindicato, la comarca, la provincia. Pero hubo unos señores que quisieron hacer en España lo que veían que se hacía en otras partes, al dictado de potencias extranjeras que “asesoraban”.

Pero una “palabra mágica” sigue sonando en la izquierda, en nuestra “tradicionalista” izquierda, aunque sea “tradicionalista” a su manera, claro: la de “federalismo”. ¿Pero alguien sabe verdaderamente lo que es el federalismo? Con la ayuda de Dios, trataré de ocuparme de echar luz sobre esta cuestión en sucesivos artículos bajo este título.

Fuente: Raigambre

II El federalismo progresista

No pocos son los que, haciéndole eco a Ortega y Gasset (a veces sin haber pasado del título), han pensado que España es una nación “invertebrada”. Un catalanista, como Pere Bosch-Gimperá, sostenía que: “En España, la fusión es sólo aparente y lo que parece poder llegar a ser un aglutinante, desaparece luego, revelándose intactos y más vigorosos los elementos diversos del conglomerado español”. Poco hace ahora ahondar en las razones que cada cual arguye para terminar pensando que España es, invertebrada o mal articulada, una nación malformada o deficientemente formada. De este modo se explica que hayan surgido a lo largo de la historia de España conatos y movimientos secesionistas, como los que tuvieron lugar en el siglo XVII, en Portugal, Cataluña o Andalucía. Diríase que España está formada por una pluralidad de pueblos que, por atávico particularismo, se emplean a fondo en diferenciarse del vecino. Y esto no ocurre solo con las partes delimitadas, llámense regiones o comunidades autónomas: esto también sucede entre localidades, si ponemos la lupa y vamos a la pequeña historia local encontraremos multitud de casos en los que los lugareños se ha levantado contra los vecinos de la villa próxima o el vecindario de la villa se ha amotinado contra la ciudad bajo cuya jurisdicción estaba: conflicto de jurisdicciones, ultrajes ancestrales, hostilidad entre pueblos vecinos que a lo largo de la historia se han ido poniendo los unos a los otros los más ofensivos apodos como sustitutivos del gentilicio oficial, a la gresca por las lindes, por los pastos, por la leña que es del concejo y que la están llevando los forasteros… Rivalidades que todavía se perciben en las competiciones futbolísticas entre equipos de municipios próximos.

La marcada identidad de nuestros pueblos así como la belicosidad natural de nuestros antepasados ya era recordada por Diodoro Sículo cuando decía aquello de que los hispanos, cuando no pelean con enemigos de fuera, se pelean entre sí.

En 1808, Mariano Luis de Urquijo le decía a Gregorio García de la Cuesta, capitán general de Castilla:

“Nuestra España es un edificio gótico compuesto de trozos heterogéneos con tantos gobiernos, privilegios, leyes y costumbres como provincias. No tiene nada de lo que en Europa se llama espíritu público. Estas razones impedirán siempre que se establezca un poder central lo suficientemente sólido para unir todas las fuerzas nacionales”.

No reconocer esta pluralidad ha sido uno de los errores históricos más inveterados entre nuestros políticos (cuando han sido políticos) y enrocarse en un “españolismo” zarzuelero y homogeneizador ha conducido a las más desastrosas desavenencias, así fue con Carlos I de España y V de Alemania y los comuneros, con la política del Conde-Duque de Olivares que emulaba a Richelieu, con el centralismo borbónico, con la abolición de los Fueros. Y los periodos que, desde los Reyes Católicos, a esta parte han mantenido la “unidad” de España han tenido que recurrir a la fuerza impositiva de algunos militares del siglo XIX como Narváez o, en el siglo XX, Francisco Franco. Pero esa unidad fundada en la imposición no es vertebración duradera, sino que se muestra provisional, mientras dure la “mano dura” del militar: “Venceréis, pero no convenceréis” –dijo Unamuno.

Y de aquí viene el problema actual. Luego, algunos podrán satanizar cuanto quieran a los nacionalistas centrífugos, pintárnoslos con pezuñas, rabos y cuernos, pero el hecho es que existen y existen fundándose en algo que ha sido muchas veces repetido, a saber: España no parece estar hecha del todo (no goza de la “incuestionabilidad” que tienen otras naciones), sino que España se cuestiona a sí misma en su organización política y territorial y eso significa que está por hacer, si es que queremos seguir existiendo y no disolvernos.

Es aquí cuando el sector progresista que, bajo muchas etiquetas, ha actuado en España políticamente desde 1812 llegó en un momento a postular el federalismo y hoy, sus herederos (las izquierdas) siguen ofertando este “federalismo” como panacea que remediará este problema que supone la “cuestionabilidad nacional”.

Son tres los federalismos que pudiéramos encontrar en nuestra tradición política que arranca del siglo XIX:

-El federalismo demoliberal.

-El federalismo tradicionalista.

-El federalismo socialista-anarquista.

Por su actualidad, vamos a presentar hoy el federalismo socialista-anarquista que es el que invoca nuestra izquierda contemporánea, proponiéndonos en sucesivas entregas ofrecer una idea del “federalismo tradicionalista”.

El origen del federalismo español hay que irlo a buscar al partido republicano del siglo XIX. Este partido es el resultado de una escisión en el seno del campo progresista que podemos fechar en 1837. Los progresistas eran los herederos de los radicales de las Cortes de Cádiz. Cuando estos progresistas redactan la Constitución de 1837, lo hacen con un espíritu de transacción y realismo, apartándose de la exaltación revolucionaria de 1812 y es entonces cuando un sector del mismo “progresismo” entiende que se ha traicionado el programa de 1812 y del Trienio 1820-1823; así será como el progresismo se vendrá a dividir entre “progresistas legales” y “progresistas exaltados”; y es entre los “progresistas exaltados” donde hallaremos precisamente el embrión de lo que, corriendo los años, vendría a ser el “partido democrático” que, durante la regencia de Espartero, llegará a apostar por la proclamación de la república. Este republicanismo en ciernes se presenta ya como “federal” abiertamente desde 1840 a 1843, pero con la llegada al poder de los moderados pasarán a la clandestinidad, sin dejar de “laborar”. Tras el fracaso de los motines de 1848 se presentarán como “partido progresista-democrático” en cuyo seno hay dos vertientes: una de demócratas liberal-individualistas y otra de demócratas socialistas (inspirados en el socialismo utópico francés). En general estos demócratas eran federalistas.

El federalismo español en sus orígenes busca la inspiración en los Estados Unidos de Norteamérica y también en el cantonalismo suizo en lo que se refiere a modelos institucionales. En lo ideológico predomina en un primero momento el pensamiento de Tocqueville, el socialismo utópico, Proudhon y el krausista Ahrens. El talento filosófico de Francisco Pi y Margall constituirá siempre un referente del federalismo español, pues aunque se suele decir que fue introductor (traductor también) de Proudhon en España, Pi y Margall no se limita a ser un apóstol proudhoniano, sino que ofrece todo un sistema filosófico propio. Pi y Margall ofrecía el federalismo como solución, pero lo prioritario en Pi y Margall no era ensayar el federalismo para una vertebración de España, sino que el federalismo se postulaba como agente disolvente de todo poder, pues la prioridad de Pi y Margall era acabar con todo poder para reafirmar el individuo. Pi y Margall fue uno de los liberales revolucionarios más coherentes de nuestro siglo XIX, su inflexible lógica lo conducía del liberalismo a la conclusión lógica de éste: el anarcoindividualismo. El anarquismo bakuniano llega a España de la mano de Giuseppe Fanelli en 1868 y va a ser calurosamente recibido justamente en los círculos republicanos que se habían formado su opinión política en los libros de Proudhon y de Pi y Margall.

En nuestros días el federalismo socialista-anarquista cuya génesis hemos mostrado aquí está siendo puesto en activo por la extrema izquierda representada por el PCE, Izquierda Unida y Podemos.

Fuente: Raigambre

III El federalismo tradicionalista

En su cumpleaños, dedicado a mi amigo portugués, D. Manuel Rezende.

Hemos visto el carácter que reviste el federalismo progresista del siglo XIX que es el que ha heredado nuestra izquierda indígena. Pero el federalismo no es, como tantas otras cosas, un invento de la izquierda. El federalismo es un fenómeno político muy antiguo.

Entre los helenos, para los que durante tanto tiempo fueron las “polis” (ciudades-estado) su organización política, existió un peculiar modo de federarse las ciudades (la Anfictionía). La Anfictionía era una confederación política de ciudades-estado vecinas, siendo en su origen una confederación religiosa: famosa fue la Anfictionía de Delos que contaba con una asamblea de anfictiones formada por dos delegados de cada ciudad componente de la misma:

“La idea panhelénica, con Arístides, fue a la vez acción y hecho. Temístocles fue quien puso las bases para su posible realización. Arístides organizó una confederación o liga marítima para la protección de los griegos de Asia recuperados y la liberación de los aún sometidos. Fue la liga marítima ático-délica (477 a. de J.C.). No fue panhelena, porque Esparta, luego de Platea, pretendió la total hegemonía y al reconocer de grado o por evidencia la marítima de Atenas, se quedó con la terrestre […] La liga, sin embargo, no preveía este dominio imperial de Atenas; se basaba en el principio de la libertad y autonomía de los confederados y su sede no fue en un principio Atenas sino la isla de Delos” (“Origen y ocaso de las talasocracias”, Román Perpiñá).

Ésta es la diferencia que existe entre federación y confederación: términos que solo los indocumentados emplean como equivalentes, pero que no lo son en modo alguno. El principio federativo supone que el poder central tiene más competencias, mientras que la confederación implica la limitación del poder central, pudiéndose ligar los estados asociados y separarse.

En los tiempos de la República romana se acuña el término “foederatus”, aplicado a las tribus que habían sellado un tratado (Foedus) con la República. En el curso de la larga historia romana, el término experimentará transformaciones, pero para lo que aquí importa subrayemos que nuestro vocablo “federado” procede de esta concreta relación política establecida entre Roma y otras unidades asociadas. En el año 332, el emperador Constantino sella un pacto con los godos convirtiendo a estos en federados del Imperio. Los “foederati” (godos y alanos) vencieron a Atila el año 451 y en el año 476 uno de sus caudillos depuso al último emperador romano de occidente.

Durante la Edad Media existieron entre los reinos peninsulares relaciones que, aunque no se llamaron como tal, podrían denominarse “confederaciones”: así encontramos en la Batalla de las Navas de Tolosa una confederación de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra (con voluntarios leoneses, occitanos y de otras procedencias) para derrotar a los mahometanos. La palabra “confederanza” hoy en desuso puede encontrarse hasta en documentos del siglo XVI: en cuanto al léxico, en España más que de “federación” o “confederación” siempre se habló de “confederanza”.

El “principio federativo” es intrínseco al tradicionalismo español. Sobre el tradicionalismo político español hay un grandísimo desconocimiento y todavía pesan hoy prejuicios que han perjudicado muy mucho a comprenderlo: es un error identificar el tradicionalismo con el absolutismo monárquico y con el centralismo tan avasallador. Es cierto que, debido a la calamidad que se cernió sobre Europa con la revolución francesa de 1789, el tradicionalismo pudo acusar durante un tiempo un exceso de identificación con la Monarquía en su grado absolutista (así el “Manifiesto de los Persas” o los contra-revolucionarios de 1820 y 1823), pero si el tradicionalismo hubiera defendido una concepción centralista del Estado (de la Monarquía) no se entiende que pueblos que tanto amaban sus libertades como Euskalherría o Cataluña fuesen los más esforzados en la defensa del carlismo. Era justamente el Estado liberal que se cuajaba bajo la regencia de María Cristina el que incubaba los nefastos gérmenes del centralismo jacobino que devastaría las libertades antiguas de la diversidad de pueblos hispánicos de la Península; el mismo liberalismo que propició la independencia de las Españas de Ultramar, independencia programada en Inglaterra y asistida por las logias masónicas que integraban los criollos elitistas de Hispanoamérica. No fue el tradicionalismo el que fragmentó la unidad panhispánica, sino el liberalismo disgregador. Y no fue el tradicionalismo el que creó las disensiones entre los pueblos peninsulares, sino que el centralismo avasallador lo impuso el liberalismo. Eso en lo concerniente al terreno histórico.

En cuanto al “federalismo tradicionalista”, considerado ahora sobre el terreno teórico, hay que decir que nada más coherente con la concepción política del tradicionalismo que ese “federalismo” sano y fuerte que fomenta la libertad de los grupos humanos naturales: familia, municipio, gremio, sindicato, comarcas… La diferencia del “federalismo tradicionalista” con el “federalismo progresista” salta a la vista: el “progresista” es insano y débil, quiere –como quería Pi y Margall- realizar hasta sus últimas consecuencias el liberalismo, abocando al individualismo y a la insolidaridad de los individuos y grupos humanos: sirve para dividir y no para ser más libres.

En cambio, el “federalismo tradicionalista” prescinde de ese individualismo liberal y su concepción federativa está en plena sintonía con la naturaleza de las cosas. Marcial Solana nos apunta:

“Si el fin próximo e inmediato de la sociedad política es, como hemos visto, proporcionar a los hombres que la constituyen la prosperidad pública, el bien común; y ha de tutelar el derecho, procurando siempre el reinado de la justicia; y en realidad de verdad, la sociedad política, como toda sociedad, es medio para el bien del hombre, no fin al que éste haya de subordinarse, es evidente que la sociedad política ha de respetar cuidadosamente el ser y las atribuciones que por derecho natural corresponden así al hombre como a las demás personas infrasoberanas: familias, municipios…, anteriores, por orden natural, a la sociedad política y que viven dentro de ésta” (“El tradicionalismo político español y la ciencia hispana”, Marcial Solana).

Y entendamos aquí por “personas infrasoberanas” a todas las comunidades inferiores al Estado que las abarca: familias, municipios, comarcas, reinos y provincias históricas, regiones, hoy “comunidades autónomas” o forales. A Vázquez de Mella no le hacía gracia el término “autonomía” y prefería el de prosapia aristotélica: “autarquía” que definía como “el derecho a dirigirse a sí mismo interiormente, sin excluir la jerarquía, impidiendo que entre la acción de una persona, sea individual o social, y su fin se interponga otra que quiera hacer lo que ella misma puede y quiere realizar sin intervención extraña para cumplir su destino” (Discurso en el Congreso de los Diputados el 29 de noviembre de 1905).

Muy tempranamente el carlismo abrazó el fuerismo. El 7 de octubre de 1833, Valentín de Verástegui dirigió una proclama a los alaveses, instando a estos a alzarse contra los que “han abolido los fueros y libertades”. Se tiene a ésta como la primera referencia foralista del carlismo. El mismo D. Carlos María Isidro en su “Manifiesto a los aragoneses” invocará “los antiguos Fueros de Aragón”. El “Decreto de Carlos V confirmando los Fueros de Vizcaya” del 7 de septiembre de 1834 es testimonio de la voluntad que el Rey carlista tiene de respetar las libertades de los vizcaínos como la de todos los regnícolas de sus dominios.

El tradicionalismo español, tan espléndido en grandes pensadores, no es un fenómeno monolítico; por ello podemos encontrar a Juan Donoso Cortés o a Jaime Balmes que no se caracterizan por su pensamiento “descentralista”, mientras que el gran valenciano D. Antonio Aparisi y Guijarro sí que apunta un anticentralismo: Aparisi acepta la centralización gubernativa y rechaza la centralización administrativa. Gil Robles, Vázquez de Mella y Torras y Bages en Cataluña sí que serán los mejores exponentes del federalismo tradicionalista.

D. Juan Berchmans Vallet de Goytisolo nos recuerda que con todo derecho es el tradicionalismo español una de las cinco direcciones* en que se trató de solucionar socialmente la organización de cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado en el siglo XX. Vallet de Goytisolo también nos señala que: “Vázquez de Mella tuvo una concepción –que se denominó “sociedalista”- según la cual la sociedad política debe ser una confederación de grupos humanos históricos e institucionalizados, políticos, unos –municipios y antiguos reinos-, y sociales otros: las asociaciones, profesionales o no, de todo género” (Vallet de Goytisolo, “Tres ensayos: Cuerpos intermedios, Representación política. Principio de Subsidiariedad”).

Y, en efecto, Vázquez de Mella lo dijo con el nervio que le caracterizaba en muchísimas ocasiones, que era necesario, que era urgente “descuajar el árbol central” para “una reintegración a la sociedad, en todos sus órdenes y jerarquías, de la soberanía social de las atribuciones que el Estado ha arrancado o ha conculcado contra su propio derecho desde la familia y el municipio, agregación y senado de familias, las comarcas, las regiones”.

El tradicionalismo español siempre se ha mostrado muy escéptico en cuanto al “estatalismo”. No es de extrañar, pues, que durante su despliegue histórico y, más tarde, durante las etapas de la articulación de su discurso intelectual, siempre haya sido nuestro tradicionalismo un firme defensor de las libertades de las personas jurídicas frente a los abusos del Estado liberal con su “Estadolatría”. Pero, si por una parte, el mejor tradicionalismo se ha mostrado partidario del principio federativo nunca ha sido para fragmentar la unidad mayor, para atomizar el cuerpo social. Lo que el tradicionalismo español ha aportado (sin que todavía se haya dicho lo suficiente) es toda una teoría, la más sensata de cuantas puede haber, la más fiel a nuestro ser histórico, sobre la estructuración social y política.

Víctor Pradera escribía una gran verdad: “Esto que se ha llamado la “civilización moderna”, actúa en la práctica como si los Estados menores fuesen pueblos dependientes de los grandes” (Víctor Pradera, “El Estado Nuevo”).

La realidad es esa: los Estados menores están condenados a depender de los grandes. La porfía con la que algunos grupos políticos pretenden la independencia de las partes componentes de España debiera detenerse y reflexionar un poco: si lograran su independencia y se convirtieran en nación-estado, serían “naciones-estados” condenadas a depender de otra “nación-estado” más grande, más poderosa. Podemos estar de acuerdo en que la actual articulación territorial de España es insatisfactoria, pero no se trata de independizarnos de España, sino que independicemos a España de todas las estructuras supranacionales que nos imponen sus políticas ajenas a nuestros intereses, contrarias a nuestro bien común y ofensivas por su colonización.

*Las otras cuatro eran las propugnadas por 1: La Federation Regionaliste Française y la Action Française para Francia. 2: La plasmada en el “Código político de Malinas”, redactado por la Unión Internacional de Estudios Sociales que fue un círculo católico inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia. 3: La línea corporativa fascista en Italia y 4: La línea liberal de Salvador de Madariaga, con su “Anarquismo o Jerarquía”. Por no ser propiamente tradicionalistas españolas las pongo en esta nota aparte.

Fuente: Raigambre

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