“Llamar a las cosas por su nombre”, pero a todas las cosas

ANGEL DAVID MARTIN RUBIO

por Ángel D. Martín Rubio«Todos los días percibimos que la defensa de causas nobles en que el pensamiento cristiano se halla implicado se hace, en el mejor de los casos, desde la desconexión de sus premisas ideológicas y políticas, cuando no desde palenques gravemente desenfocados» (Miguel Ayuso, La cabeza de la gorgona (De la “hybris” del poder al totalitarismo moderno, Ediciones Nueva Hispanidad, Buenos Aires, 2001, p.133).

Desde determinadas tribunas, se ha aplaudido la nota hecha pública por Mons. Juan Antonio Reig Pla y bien merece serle reconocida la claridad del lenguaje que utiliza (desusado en las comunicaciones episcopales) así como la precisión en alguno de los conceptos que define. Aprovechamos aquí para expresar nuestra simpatía y adhesión al Sr.Obispo de Alcalá de Henares quien, previsiblemente y como en otras ocasiones, será objeto de los dicterios de la ultraizquierda mediática a los que se sumarán ahora los procedentes del otro extremo del arco parlamentario y los más conspicuos representantes del neo-modernismo eclesiástico.

Entre los valores del texto mencionado, merece citarse la definición de las raíces ideológicas del Partido Popular. Las mismas por cierto que tenía cuando fue respaldado en las urnas con el voto de millones de católicos a los que poco parecía importarles su  condición de «liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e “infectado” como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGBTQ; siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales (públicas y privadas) para la promoción de la llamada “gobernanza global” al servicio del imperialismo transnacional neocapitalista». Una dependencia similar explica lo «falto de rigor intelectual» y el «déficit de sensibilidad ante la dignidad de la vida humana» del jefe de la oposición parlamentaria. Encontramos también una afirmación clara de que «los partidos políticos mayoritarios se han constituido en verdaderas “estructuras de pecado”».

Difícil de aceptar, en cambio, es la sugerencia de que es la decisión de retirar la pseudo-reforma de la Ley del aborto la que sitúa al PP en este horizonte ideológico. La insistencia en el cambio introducido «a fecha de hoy» no puede hacer que creer que hasta el momento del anuncio de Rajoy, el partido del Gobierno no era una verdadera “estructura de pecado” ni respondía a los mismos horizontes ideológicos ahora definidos con tanta precisión y que, en última instancia se han impuesto en el pulso de poder entre tendencias que existen dentro del propio partido.

Menos aceptable aún resulta la consecuencia que se deduce de dicha afirmación, es decir, que el PP no se hubiera incluido en el conjunto de los partidos definidos como “estructura de pecado” si Mariano Rajoy no hubiera optado por rectificar su primitivo proyecto. Recordemos, al respecto, el resto de leyes gravemente atentatorias contra el derecho a la vida y a la dignidad de la familia, por ejemplo las que regulan las técnicas de reproducción o el matrimonio, así como otros aspectos importantes de la gestión pública, como lo es todo lo referente a la gestión de los recursos económicos y las políticas de promoción de la justicia social. En todos estos terrenos, los principios ideológicos y la práctica promovida por el PP presentan serias deficiencias a la luz de la doctrina católica.

También es de toda justicia el reproche lanzado a quienes elaboraron y apoyaron el proyecto defendido por Ruiz Gallardón: «no es justificable moralmente la postura de los católicos que han colaborado con el Partido Popular en la promoción de la reforma de la ley del aborto a la que ahora se renuncia». Con razón se recuerda la ilicitud de la «colaboración formal con el mal». Sin embargo, hubiera sido de desear que el mensaje se hubiera formulado expresamente dirigido a los que siguen pensando que votarán al PP “porque es el mal menor”.

Encontramos, en cambio, cierta contradicción con lo anterior cuando se hace una presentación excesivamente complaciente de la mini-reforma propuesta por el Exministro de Justicia. Para Reig Pla, dicho proyecto «pretendía “limitar” cuantitativamente el “holocausto silencioso” que se está produciendo» y, aunque «ninguna ley del aborto es buena», «“parecía” que “algo” estaba cambiando en las conciencias de algunos políticos relevantes respecto del crimen abominable del aborto».

Ya hemos apuntado en otro lugar, que el texto legislativo ahora retirado, mantenía, justificaba y reforzaba la consideración del aborto como un derecho porque en los supuestos contemplados se reconocía como algo cuyo ejercicio protege y propicia el Estado y en consecuencia es algo exigible a éste por la mujer que toma, unilateralmente, la decisión de eliminar a su hijo. Ruiz Gallardón, sostenía con razón que «no se puede decir que un no nacido, por tener alguna discapacidad, tiene menos derecho a la protección de su vida que la de un concebido sin discapacidad», admitiendo  en cambio, que un no-nacido sí tiene “menos derecho” a la protección de, su vida en caso de suponer un presunto riesgo para salud de su madre o haber sido concebido como consecuencia de una violación.

Hay una última consideración del obispo de Alcalá que merece especial atención. «Con afecto hacia las personas y con dolor, también debo decir que, en ocasiones, algunas instancias de la Iglesia Católica que camina en España no han propiciado, más bien han obstaculizado, la posibilidad de que aparezcan nuevos partidos o plataformas que defiendan sin fisuras el derecho a la vida, el matrimonio indisoluble entre un solo hombre y una sola mujer, la libertad religiosa y de educación, la justicia social y la atención a los empobrecidos y a los que más sufren: en definitiva la Doctrina Social de la Iglesia». De nuevo aquí, Mons. Reig Pla llama a las cosas por su nombre pero lo hace parcialmente. No vamos a reiterar lo que dijimos con ocasión de unos conceptos semejantes que fueron expresados por el Obispo de Córdoba, pero al decir que desde «algunas instancias de la Iglesia Católica» (¿qué instancias?) se ha obstaculizado la aparición de nuevos partidos que defiendan la Doctrina Social de la Iglesia, se está ocultando al mismo tiempo que, a pesar de dichas zancadillas y descalificaciones –mucho más que un simple obstaculizar– sí existen dichos partidos, algunos de ellos de larga trayectoria histórica y otros de nueva creación. Además habría que recordar, y rectificar, las deformaciones en la exposición de la propia doctrina social católica que han llevado a la situación actual. Es decir, no basta con dar una doctrina sino que hay que rectificar la que hasta ahora se ha venido dando y la práctica en ella inspirada.

Nada de esto se reconoce en el texto de Mons. Reig y, menos aún se nos aclara, si el resto del episcopado está de acuerdo con esta autocrítica y qué medidas se van a tomar para provocar un cambio efectivo de la tendencia a partir de las próximas convocatorias electorales. Es más habría que preguntar a Mons.Reig qué consecuencias prácticas va a extraer la Iglesia española en sus relaciones con el Estado y un sistema político que, según su propia definición se ha convertido, al mantener la ley del aborto «en nombre de la democracia, en una dictadura que aplasta a los más débiles». Y, por si alguien avezado en descubrir heterodoxias cree poder descubrirlas en mi razonamiento, cabe recordar que un argumento semejante fue expuesto por el entonces Obispo de Cuenca al afirmar que «las incoherencias de la predicación actual descubren la necesidad de reedificar la doctrina de la Iglesia». La situación incluso se ha agravado respecto a la entonces descrita al adoptarse el discurso de la presunta laicidad positiva al tiempo que se silencia que la misión de la Iglesia en relación con cualquier comunidad política es predicar que no sólo los actos y comportamientos individuales de los ciudadanos, sino además la misma estructura constitucional ha de estar eficazmente subordinada al orden moral.

Diversos analistas han subrayado cómo el respaldo otorgado desde instancias oficiales de la Iglesia al proyecto ahora retirado resultaba particularmente escandaloso. Un efecto contraproducente también puede tener el lamentar ahora la marcha atrás del Gobierno, limitándose a exhortar para que ciudadanos y gobernantes en sus decisiones y actos electivos se sometan a la norma moral pero sin recordar, al mismo tiempo, que se requiere que sea moral el sistema mismo. Es decir, que esté constituido de tal forma que no sea legítimo dentro de él atentar contra la citada ley moral.

Para evitar dicho riesgo, para evitar que las palabras de Mons. Reig Pla puedan interpretarse en el sentido de una legitimación de la reforma-Gallardón o de la actuación del PP en el caso de que hubiera seguido las directrices marcadas en su programa electoral, al tiempo que le agradecemos sus palabras y las aclaraciones hechas en este documento, pedimos filialmente al Sr. Obispo de Alcalá que responda a las cuestiones que venimos planteando reiteradamente al episcopado español:

1º. Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se ha concretado el trato que se les dispensa en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos? ¿Se les está aplicando el canon 915, que excluye de la Comunión eucarística a los que “obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave”?

2º. ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto a los partidos que están aplicando la Ley vigente? ¿Y los católicos que apoyan con sus votos o forman parte del Gobierno que, pudiendo hacerlo, no piensa promover la inmediata ilegalización del aborto? ¿Y el Jefe del Estado que promulgó la Ley y su sucesor que la asume como parte del ordenamiento jurídico vigente?

3º. ¿No es contradictorio dar por bueno un sistema político que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles? ¿Es posible en conciencia aceptarlo y participar en él sin hacer lo necesario por corregirlo? ¿No es cierto que según, la doctrina católica, la soberanía en la comunidad política debe estar sometida jurídicamente al orden moral (a la soberanía de Dios)?

4º. Si la Constitución, en su concreta aplicación, permite dar muerte injusta a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la nefasta gestión de los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978? ¿Y en el terreno de las relaciones Iglesia-Estado y de los Acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado español?

Fuente: Hispaniainfo

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