Las ideas fuerza del fundamentalismo y del contrafundamentalismo democrático

GUSTAVO BUENO

por Gustavo Bueno La idea de Democracia sigue siendo una de las ideas más confusas y oscuras que flotan en el presente, pero la claridad y distinción de esta idea se consigue, muchas veces, agregando a la idea general notas (tales como criterio de decisión por mayorías, judicialización de asuntos tradicionalmente reservados al ejecutivo) que en realidad conducen a un fundamentalismo (o integrismo) democrático.

1. Democracia en sentido político y democracia en sentidos metapolíticos

El término «Democracia», como los adjetivos derivados, «democrático», «demócrata», &c., no son términos unívocos. Tienen diversas acepciones, y aún contrapuestas entre sí: el régimen de Franco fue definido por algún catedrático de la época (en 1943) como una «democracia orgánico representativa selectivo jerárquica»; pero la democracia definida en la Constitución de 1978 se enfrentó enérgicamente con la definición de democracia de treinta años antes, considerándola como un «mero disfraz» de la dictadura (disfraz que requería a esa dictadura envolverse, en cuanto «democracia orgánica», de instituciones democráticas), tales como la elección de enlaces sindicales, representantes de los tercios familiares, márgenes concedidos a las iniciativas municipales, incluso a la prensa o a la radio, lo que determinó que la oposición entre la dictadura y la democracia, no fuese una oposición dicotómica. La dicotomía sólo se conseguía suponiendo dada la equivalencia entre «democracia» y «democracia parlamentaria» con listas de candidatos cerradas y bloqueadas, y criterio exclusivo de la mayoría para decidir, incluso en asuntos técnicos. Todo lo que no fuese democrático, en este sentido «fundamentalista», será concebido como dictadura residual.

Sin embargo, esta pluralidad de acepciones del término democracia, o de sus derivados, es cualquier cosa menos un caos de acepciones léxicas, inconexas entre sí. Entre las acepciones de la democracia median afinidades profundas, en función de las cuales podemos clasificarlas según diferentes criterios.

Aquí utilizaremos un criterio tal que nos permita agrupar las diversas acepciones de la democracia en dos grandes rúbricas, de fronteras no siempre bien definidas (sobre todo cuando estas fronteras no se consideran como dicotómicas o disyuntas). Unas fronteras que nos permitieran poner a un lado las acepciones que llamaremos (1) políticas, en sentido estricto, y, al otro lado las acepciones que podríamos llamar (2) metapolíticas.

Entre las democracias metapolíticas (que no son necesariamente apolíticas, puesto que también pueden intersectarse con las democracias políticas) destacaríamos la acepción tecnológica de la «democracia procedimental», en la cual un grupo de personas, o una sociedad humana, asume la ley de la mayoría como criterio práctico (técnico) indiscutible para tomar una decisión. La democracia procedimental se especifica en función de la definición de las unidades que intervienen en la votación. Si tomamos como unidades a los individuos, la democracia será capitativa, pero no por ello necesariamente política: la «democracia del autobús» no tiene significado político puesto que las unidades de la consulta son los pasajeros determinados aleatoriamente por su inclusión en el autobús, que, en un alto de su ruta, deciden por mayoría cambiar de dirección o también de sentido. Como unidades del procedimiento democrático podríamos tomar las familias de una ciudad o de una nación, a las acciones de una sociedad anónima, incluso a los Estados que se sientan en la Asamblea General de la ONU: los medios que transmiten una votación de la ONU suelen subrayar su carácter democrático, pero el adjetivo democrático sólo tiene aquí el sentido de la democracia procedimental. En efecto, la democracia de las Naciones Unidas sólo tiene un sentido político por razón de las unidades de votación.

Habría también que analizar el fundamento metapolítico de la democracia capitativa asociada a los anarquistas españoles de la CNT de las primeras décadas del siglo XX que, a la vez, solían ser espiritistas y defensores de la democracia como una consecuencia directa del espíritu individualista (o personalista) que las inspiraba.

Podría afirmarse, acaso, que el sentido estricto (o los diversos sentidos éticos o políticos) de la democracia se organizan en el plano tecnológico; en cambio, los sentidos metapolíticos se organizan más bien, quizá, en el plano ideológico o nematológico.

La distinción entre los grupos (1) y (2) de acepciones del término democracia pueden ponerse en correspondencia (y correspondencia no es identidad) con otras agrupaciones tales como las siguientes: acepciones del término democracia específicas de la sociedad política (en la que incluimos el Estado) y acepciones genéricas del término democracia, es decir, que fueron comunes a otros conceptos de sociedad, tales como la llamada «sociedad civil», pero teniendo en cuenta que un predicado genérico de las democracias políticas específicas no significa que el deje de ser esencial. Aun cuando también es cierto que un predicado no esencial, sino accidental, puede ser genérico: «Mortal» es predicado esencial de los sujetos humanos, sin por ello dejar de ser genérico, porque los demás cuerpos vivientes, animales o plantas, son también mortales.

La «sacralización de la democracia», que conduce a tomar las constituciones democráticas homologadas como «criterio epocal» en la periodización dicotómica histórica (en lugar de dividir el curso de la historia en dos mitades: antes de Jesucristo / después de Jesucristo; o bien: antes de la Hégira / después de la Hégira), la periodización dicotómica se expresará así: antes de la Democracia / después de la Democracia. División que conduce a graves distorsiones en el uso del razonamiento lógico (propiamente silogístico) que se regula por las tablas jerárquicas de los géneros, subgéneros, especies, &c. En una tertulia televisada (junio de 2013) su director plantea a los tertulianos el siguiente tema para el debate: «¿Por qué, a vuestro juicio, se ha desatado en los últimos meses el número de procesos judiciales que tienen que ver con delitos fiscales (tales como lavado de dinero, exportación de capitales, defraudación en los impuestos tributarios)?» Un tertuliano (conocido periodista) constata: «Sin duda, porque la democracia no puede tolerar la corrupción en materias fiscales, y los españoles han madurado suficientemente en democracia como para no tolerar la impunidad de estos delitos.» Los demás tertulianos se adhieren, en lo esencial, a esta respuesta. Y, sin embargo, esta respuesta es errónea, en el terreno mismo de la lógica silogística. Porque no es la sociedad democrática, en cuanto tal, la que no puede tolerar los delitos fiscales: tampoco una sociedad aristocrática, o una sociedad autocrática los tolera.

Francis Bacon, canciller de Inglaterra, fue acusado en el Parlamento de 1618 por delitos de cohecho y prevaricación, fue inhabilitado para cargos públicos, multado con 40.000 libras y encerrado en la Torre de Londres. No es pues la condición específicamente democrática de una sociedad política, sino su condición genérica de sociedad política la razón de toda «cruzada» contra los delitos fiscales (sin perjuicio de que estas «cruzadas» se vean espoleadas en situaciones de crisis económica). Decir que «la democracia no puede tolerar las corrupciones fiscales» es tanto como atribuir a la especie (haciendo de paso propaganda de la misma) lo que es propio del género. Cuando alguien pregunta por qué Sócrates acostumbraba a estar sentado –y quien dice Sócrates podría referirse también a los diputados en «sede parlamentaria», o al Papa en la Santa sede–, quien responde: «Porque Sócrates, los parlamentarios o el Papa son hombres», comete un gran error, porque no es la condición humana la razón formal (o el término medio) por el cual podemos unir el predicado «sentado» al sujeto «los hombres», en este caso, sino a la condición de primate (los primatólogos han observado que los chimpancés o los gorilas pasan más de la mitad de un día en postura sedente). Ahora bien, este «error categorial» no consiste solo en una perturbación de la «maquinaria lógica». Está motivado ideológicamente por la «sacralización de la democracia parlamentaria», porque al atribuir a la sociedad democrática la exigencia del cumplimiento de las leyes tributarias, estamos recurriendo a una sinécdoque (pars pro toto) o a una metonimia (pars pro pars) a fin de subrayar la excelencia de esa democracia santificada.

También cabría poner en correspondencia la oposición entre las acepciones (1) y las acepciones (2) del término democracia con la oposición que media entre los términos políticos y los términos ético-morales. Por lo demás, las acepciones (1) de la democracia se corresponden, sobre todo, con las acepciones tecnológicas o morfológicas de la democracia, mientras que las acepciones (2) se corresponden con las acepciones nematológicas.

Por último, también podemos poner en correspondencia la oposición entre las acepciones (1) y (2) de la democracia con la oposición entre el ciudadano y el hombre, establecida en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793. Distinción que contiene la sinuosa evolución de esos conceptos, derivada sobre todo de la sustantivación del «hombre» frente al «ciudadano». Una sustantivación ejercida ya en 1793, cuando el diputado Juan Bautista Cloots —Anacarsis Cloots, que se autodenominaba «apóstol de la Humanidad»—, siguiendo la inspiración de una enmienda que Volney, «en vistas a una República universal», había presentado al dictamen de los constitucionalistas de 1783 decía: «No hay otra soberanía que la del Género humano.» O bien cuando Pi Margall, en pleno debate sobre las nacionalidades españolas, creyó necesario aclarar ante unos correligionarios que le pedían explicaciones: «Antes que español soy hombre.»

En efecto: cuando hablamos de democracia, según alguna de las acepciones que suponemos pueden ser incluidas en el grupo (1), es porque estamos entendiendo la democracia a escala de su marco político específico, dentro de las diversidades específicas de la sociedad política, en general (autocrática, aristocrática o democrática); mientras que cuando hablamos de democracia en alguna de las acepciones incluibles en el grupo (2) es porque estamos entendiendo la democracia a escala de un marco genérico (desde el punto de vista político), que incluso tocan tanto a las sociedades políticas como a las sociedades civiles apolíticas, como pudiera serlo la familia, el colegio profesional, el sindicato, incluso el partido político (cuando se considera como una asociación privada, como ocurre en España, según la ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos).

Según esto un demócrata, en sentido específico, es un ciudadano que milita o simpatiza, mediante su voto o sus cartas al lector, en algún partido político enfrentado con los otros partidos políticos del arco parlamentario, pero sobre todo, con los partidos o movimientos no democráticos (llamados confusivamente, en la España de 1978, «fascistas» o «criptofranquistas»). De hecho, ya desde el «contubernio de Munich» de 1962 y, sobre todo, desde 1974, con la Junta Democrática, y después con la Plataforma Democrática y con la Platajunta, se utilizó la condición de demócrata como criterio para neutralizar las diferencias entre los eurocomunistas (prosoviéticos, trotskistas o maoístas) y los socialistas y democristianos. El propio concepto de eurocomunismo, que asumió como propio Santiago Carrillo en 1974, se acogió al criterio de la democracia parlamentaria (próxima de hecho a la partitocracia) para lograr el consenso entre diferentes corrientes que «en el interior» o «en el exterior» habían ido desenvolviéndose como alternativas a la «dictadura fascista».

2. La idea de democracia como idea separada (no disociada) de las sociedades democráticas

La transición del régimen franquista al régimen que le sucedió en 1978 encontró en la democracia la fórmula de consenso capaz de englobar a las diferentes corrientes enfrentadas entre sí (izquierdas y derechas, falangistas y carlistas, comunistas, socialdemócratas y anarquistas, españolistas y secesionistas, republicanos y monárquicos). Corrientes (o «sensibilidades», como comenzó a decirse, acaso al mismo ritmo en que descendía el nivel de conceptualización exigible en la definición de tales corrientes) que habían evolucionado convergentemente en su oposición a la «dictadura fascista», y habían encontrado en la democracia un denominador genérico común capaz de ecualizar oposiciones algunas veces irreductibles. (La oposición monarquías parlamentarias/repúblicas es irreductible, desde su perspectiva lisológica, que prescinde de las sociedades políticas concretas; sin embargo, cuando nos referimos a una sociedad política dada, la oposición monarquía/república puede llegarse a considerar como accidental a la democracia.)

En algunos casos, las «reservas mentales» de muchos demócratas obligaron a someterles a grandes esfuerzos destinados a ocultar sus verdaderas opiniones: por ejemplo, los republicanos y los socialdemócratas pensaban que los falangistas evolucionistas —comenzando por Adolfo Suárez— seguían siendo fascistas. En cambio el «consenso» acepto de hecho, sin rechistar, la autodefinición democrática de los nacionalistas catalanes, vascos o gallegos, utilizando un concepto abstracto (lisológico) de democracia como sistema puro definible «por encima» de las sociedades políticas reales (lo que equivalía a intentar separar del gato su sonrisa).

El mecanismo de neutralización de las diferencias de 1978 era el mismo que el mecanismo que se siguió en octubre de 1936 para neutralizar las diferencias irreductibles entre los generales sublevados contra la segunda República española (aunque en muchos casos el Alzamiento del 18 de julio se hizo en nombre de esa República). En efecto, los generales sublevados no buscaban precisamente un retorno a la dictadura de Primo de Rivera, sino que se alzaban contra la segunda República en nombre de una España concebida más allá de la oposición entre republicanos y monárquicos de 1931. Por ello, los generales sublevados contra el gobierno aceptaron la designación del general Franco como «Jefe del Estado español» y no como jefe de la República española, ni siquiera como Jefe del Reino de España, es decir como Rey o Regente de España.

Los demócratas de la transición, los demócratas del consenso, sobre todo después de la ley de «memoria histórica» y de los Estatutos de Autonomía, comenzaron a subrayar las diferencias que el consenso había neutralizado o encubierto. Los partidos comunistas y socialistas consideraban a los gobiernos del PP como criptofranquistas, y, en todo caso, de «derechas», reservándose para sí la denominación de «izquierdas», aunque cuando estas denominaciones de «izquierdas» y «derechas» no figuraban en la Constitución, ni tenían un significado político preciso, dado su carácter metapolítico y transhistórico (el comunismo final, o el socialismo democrático, como componente del progreso social de la socialdemocracia).

El Parlamento y el Senado se convirtieron en escenarios democráticos en los que se confrontaban los diversos partidos políticos. Las descalificaciones o los insultos estuvieron a la orden del día. Todos eran demócratas por consenso, pero de hecho se acusaban mutuamente de no serlo: la democracia ya no servía para unificar, sino para confundir, y por ello se hacían más urgentes las especificaciones: «demócrata cristiano», «socialdemócrata», «demócrata liberal», «demócrata comunista», «demócrata nacionalista» o incluso «demócrata autonomista-decisionista» (definido por su derecho a decidir… la secesión de alguna Autonomía respecto de España).

Los socialdemócratas del PSOE acusaban a los populares de mentirosos, corruptos y fascistas, y veían complacientes a los piquetes de acoso a las familias de los diputados del PP que no votaron la ley de la dación en pago. El consenso en el Parlamento y en la calle se había roto por completo. Los partidos de la oposición rechazaban sistemáticamente cualquier resultado económico o político logrado por el partido en el gobierno. Si el gobierno consigue un descenso del paro, la oposición no lo reconocerá, desde luego, y ante las cifras objetivas evidentes, interpretará que el empleo conseguido es precario, efímero, estacional, &c. Esto hace imposible un análisis objetivo de la situación. Las huelgas y manifestaciones (organizadas gremialmente: huelgas y manifestaciones de médicos, jueces, profesores, empleados del Metro, víctimas del Alvia, peluqueros, sindicatos de clase, periodistas, mineros, pilotos de aviación, «indignados» contra el parlamento —«no nos representan»—, &c.) comenzaron unas semanas después de que uno de los partidos, en las elecciones de 2012, hubiera obtenido la mayoría absoluta en el Parlamento. A escala política la democracia quedaba de hecho rota en mil pedazos, aunque nominalmente los huelguistas que ocupaban plazas, calles o edificios, y los secesionistas que desacataban las normas emanadas del Gobierno central, lo hicieran, siempre, en nombre de la democracia.

¿Cómo recuperar el consenso democrático en el terreno político estricto, cómo establecer el acuerdo entre posiciones objetivamente incompatibles (por ejemplo, entre los partidos secesionistas y los unitaristas, entre los que pedían la dación en pago y los que la negaban de plano, &c.)? Se barruntaba un único camino democrático, si bien este camino era metafísico o imaginario: replegarse a la democracia entendida en terrenos metapolíticos. Contra la crisis de la democracia política, más democracia, pero metapolítica, orientada a subrayar o bien los componentes genéricos de las democracias políticas (subrayando el carácter «social», humanístico, de una democracia), o bien extendiendo las ideas democráticas a instituciones no políticas, sino, por ejemplo, gremiales (clubs de fútbol, colegios de arquitectos, asociaciones de jueces, &c.). En este sentido, también, se considerará democrática una familia dada si ella se contrapone a una familia llamada autoritaria; se hablará de escuela democrática o también, como ya hemos dicho, de la democracia de un autobús en el cual son los viajeros los que, en cualquier cruce de caminos, se consideran con derecho a decidir un cambio de ruta, aunque ello altere los itinerarios iniciales del viaje.

La ampliación metapolítica de los comportamientos o instituciones que reciben el adjetivo democrático se prodiga en nuestros días de crisis de la democracia política como se prodiga la ampliación de los comportamientos o instituciones que reciben, en nuestros días, la calificación de «solidarias»: hablamos de bolígrafos solidarios (cuando el producto de sus ventas se destina a una ONG que cuida de los niños hambrientos de Haití o de Mali), y por analogía hablamos también de arroz solidario, de concierto solidario, de bomberos solidarios, de «banquetes solidarios» y hasta de «caza solidaria».

A través de la «prueba de la conmutación», en diversos sujetos, del adjetivo «democrático», por el adjetivo «cristiano», cabría demostrar empíricamente que el adjetivo democrático, en el sentido ponderativo de nuestros días, equivale prácticamente, en extensión, en las sociedades occidentales, al adjetivo «cristiano». Cuando alguien exalta un determinado tipo de familia como familia democrática viene a hacer algo similar a lo que hacía quien hablaba de la «familia cristiana»; la expresión «orquesta democrática» alcanza un significado metapolítico, ponderativo del mismo orden al que, en otras épocas, alcanzaba la expresión «orquesta cristiana»; incluso el baile que practicaban de modo ordenado y discreto varias docenas de parejas se llamará hoy «baile democrático» como en otro tiempo se hablaba de «baile cristiano».

Hay acepciones no políticas, sino metapolíticas (sociales, éticas o morales) del adjetivo «democrático» que puede considerarse como una transformación secularizada del adjetivo «cristiano». Los dos tipos de acepciones, las políticas y las metapolíticas (éticas, morales, &c.) se entremezclan, y gracias a ello, quienes siguen defendiendo la democracia política, a pesar de la constatación de las corrupciones, crisis, caos, desempleo, seguirán manteniendo a flote el ideal democrático (fundamentalista), a la manera como el cristiano sigue siendo cristiano aún cuando la corrupción, los vicios nefandos o la incredulidad de los clérigos «que están en el secreto» aumente en el seno de la iglesia. «Contra los pecados de los cristianos, más cristianismo.» Contra la corrupción de la democracia, más democracia.

«Más democracia» significa muchas veces incremento incesante de la participación de los ciudadanos, en el límite, «democracia participativa universal», basada en el supuesto de que el «enriquecimiento» que una sociedad política logrará será mayor cuanto mayor número de ciudadanos se agreguen a la asamblea. Generalmente este incremento se justifica en nombre de la igualdad, pero erróneamente, porque supuesta la igualdad de los ciudadanos, la probabilidad de resentimiento de los iguales cuyas ocurrencias políticas hayan sido rechazadas por cualquier motivo por los demás, aumentarán, dado que jamás podremos encontrar «dos hojas iguales en el jardín». El «enriquecimiento» del acervo democrático resultante de un incremento de la participación, será tanto mayor cuanto mayor sea la desigualdad material de los participantes. Algunos politólogos creen que los peligros jerárquicamente dados del «asambleísmo rectangular»  –el de las asambleas revolucionarias francesas que derribaron al Antiguo Régimen—se corregirían con el «asambleísmo circular» (mesas redondas, tablas redondas). Sin embargo el asambleísmo de los círculos garantiza la equidistancia de los individuos del corro al centro, pero en modo alguno la equidistancia de los individuos entre sí. El «asambleísmo semicircular» (el hemiciclo) pretende acaso ser una síntesis del asambleísmo rectangular y del asambleísmo circular, pero no está demostrado que esta síntesis no sea sino una síntesis de los defectos de sus componentes.

En todo caso, lo que llamamos fundamentalismo democrático, en sentido primario (no miserable), es decir, la concepción de la democracia política como la única forma de organización política admisible y, por tanto, como el fin de la historia universal, se corresponde puntualmente con el exclusivismo intolerante, en muchas épocas, del cristiano («quien no está conmigo, está contra mí»).

Fueron los conflictos entre diversas confesiones cristianas mutuamente intolerantes, los que dieron lugar a la instauración de un régimen de tolerancia mutua más o menos diplomática. En cualquier caso hay abundantes razones (incluyendo las históricas) para concluir que el fundamentalismo democrático se ha desenvuelto casi siempre en un ambiente cristiano, en el que se predicaba la libertad, la personalidad, la responsabilidad y la igualdad de todos ante Dios. Las organizaciones intensamente jerárquicas del Antiguo régimen cristiano se compensaban con el paternalismo emanado de la Ciudad de Dios, cuyas abundantes instituciones, a escala de las personas individuales (bautismo, confesión, comunión, extremaunción) reconocen la realidad individual de cada súbdito. Y porque al no reconocer la intolerancia de las antiguas sociedades cristianas, ofrece un parentesco indudable con la intolerancia de las democracias modernas homologadas respecto de cualquier otra forma de organización política.

3. Crítica a la democracia por parte de los clásicos de la teoría política

Conviene subrayar algo que, para muchos fundamentalistas democráticos de nuestros días, podrá resultar una sorprendente novedad. A saber, que los clásicos de la teoría política no sólo antigua sino moderna mantuvieron inequívocas posiciones contrafundamentalistas y aún antidemocráticas. (Para el concepto de «contrafundamentalismo democrático» remitimos a nuestro artículo «Historia (natural) de la expresión fundamentalismo democrático», publicado en El Catoblepas, nº 95, enero 2010; el contrafundamentalismo democrático no es sino una limitación del fundamentalismo, en muchos puntos suyos, y acaso su mejor representante clásico sea Aristóteles.)

La confusión entre la teoría política moderna y el fundamentalismo democrático tiene acaso su raíz en el relato de la democracia de Pericles que nos legó Tucídides, y según el cual los atenienses habrían encontrado la mejor forma posible de gobierno, que no pretendían imponer a ninguna otra ciudad, aunque sí proponerla como «modelo a imitar». Sin embargo, la democracia de Pericles distaba mucho de ser una democracia tal como hoy la entendemos. Fue ante todo una «democracia procedimental», al estilo de lo que venimos llamando «democracia del autobús», que decidía por recuento de votos, según la ley de la mayoría. Platón subrayaba, como si fuese una paradoja, el hecho de que en las deliberaciones sobre la administración de la ciudad «se escucha por igual el consejo de todo aquel que toma la palabra, y sea carpintero, herrero o zapatero, comerciante o patrón de barco, rico o pobre, noble o vulgar, y nadie le reprocha».

Ahora bien, la Asamblea ateniense, en la cual las diferencias de clase social parecían no tenerse en cuenta, en el momento del recuento de los votos, no podría interpretarse como una «asamblea de hombres», tal como se redefinió desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Por decirlo así, la Asamblea ateniense era antes una asamblea de «ciudadanos atenienses» que una asamblea de «hombres atenienses». Una asamblea de ciudadanos que, en cualquier caso, no representaba siquiera a todos los seres humanos que vivían en Atenas, puesto que de ella quedaban excluidos los esclavos, los metecos o las mujeres. Por tanto, la igualdad de los ciudadanos de la democracia de Pericles no derivaba de su condición humana, sino de su solidaridad política (frente a terceros) como atenienses (frente a los esclavos, metecos, &c., en el interior; y frente a las demás repúblicas vecinas y, sobre todo, frente a los bárbaros, en el exterior).

En cualquier caso Platón vio a la asamblea democrática de Atenas no tanto como institución infalible, sino como la responsable de la muerte de Sócrates. Y esta decisión criminal de la mayoría, por sí sola, podría explicar los recelos de Platón contra la democracia (reacción que muchos –como aquellos «nuevos filósofos» franceses del último tercio del siglo XX– consideran como antidemocrática e incluso como prefascista).

Las posiciones de Aristóteles (cuya condición en Atenas era la de un meteco) no fueron antidemocráticas, pero sí claramente contrafundamentalistas. Aristóteles dice, en efecto, que la democracia es una de las seis especies de organización política (según la taxonomía que él estableció), de las cuales tres son rectas (la monarquía, la aristocracia y la república) mientras que otras tres son «torcidas» respecto de su finalidad propia (la tiranía, la oligarquía y la demagogia, que algunas veces llama democracia). Además, Aristóteles insinúa ya que estas especies de organización política no son disyuntivas. Aristóteles anticipa, de este modo, posiciones contrafundamentalistas de los defensores de un «cierto cuarto género de poder», es decir, las posiciones expuestas por Dicearco, por Polibio y sobre todo por Cicerón, las posiciones de quienes afirman que el cuarto género de poder tiene algo de monarquía, algo de oligarquía y algo de democracia.

Dejando de lado las doctrinas de inspiración cristiana (a las cuales se les atribuye un componente democrático en el plano metapolítico, en este caso, teológico, en función del principio paulino, según el cual todo poder viene de Dios que, a su vez, se lo comunica «al pueblo»), lo cierto es que los clásicos de la teoría política moderna han de considerarse como los críticos más radicales del fundamentalismo democrático. Y esto tanto cuando nos referimos a Rousseau como cuando nos referimos a Kant. Tanto Rousseau como Kant mantuvieron inequívocas posiciones contrafundamentalistas, aproximándose a la clasificación de las democracias como forma del despotismo.

Rousseau (El contrato social, III, 4): «Si tomamos el término en su acepción más rigurosa, nunca ha existido una verdadera democracia, y jamás existirá. Es contrario al orden natural que gobierne el mayor número y que sea gobernado el menor. No puede imaginarse que el pueblo permanezca constantemente reunido para ocuparse de los asuntos públicos, y fácilmente se ve que para esto no podría establecer comisiones sin que cambiara la forma de la administración.»

Kant (La paz perpetua, II, 1): «De las tres formas posibles del Estado, es la democracia -en el estricto sentido de la palabra- necesariamente despotismo, porque funda un poder ejecutivo en el que todos deciden sobre uno, y hasta a veces contra uno -si no da su consentimiento-; todos, por lo tanto, deciden, sin ser en realidad todos; lo cual es una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad.»

4. El fundamentalismo democrático

Concluimos: el cauce principal a través del cual el concepto taxonómico de democracia se transforma en una idea fuerza, no es otro sino el fundamentalismo democrático, es decir, la concepción de la democracia representativa y parlamentaria como única vía (entre todas las restantes de la taxonomía) para poder alcanzar el progreso, el bienestar y la paz de las sociedades políticas.

Pero tanto las guerras calientes (la de 1914-18 y l de 1939-59) como la guerra fría (la de 1946 a 1990), tuvieron como origen el conflicto entre las autocracias imperialistas o entre las democracias. El fundamentalismo democrático de las democracias homologadas posteriores al derrumbamiento de la Unión Soviética pudo dar lugar a lo que se vino en llamar el «postulado», a veces teorema, de Doyle (1983), según el cual entre las democracias no cabe la guerra, porque la declaración de guerra ya no estará a cargo de un autócrata o de un gobierno oligárquico, sino que correrá a cargo del parlamento, en el que figuran todos los partidos políticos. Y los miembros de cada uno de los partidos no estarán jamás inclinados a movilizarse, ellos o sus hijos, al frente de batalla. Rousseau decía en cambio: «Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, pero no conviene a los hombres un gobierno tan perfecto.»

Ahora bien, el llamado «teorema de Doyle» se basa en supuestos puramente idealistas, y principalmente en los dos siguientes:

(1) Que el Parlamento democrático, compuesto de 300 o 600 representantes, son individuos que toman sus decisiones «racionalmente» según sus propios intereses éticos, económicos o morales.

(2) Que el Parlamento democrático, como conjunto, representa a la sociedad política emanada de la sociedad civil y que, en consecuencia, actúa desde una plataforma racionalizada como un Estado de derecho, inmune por tanto a las perturbaciones que pudieran traer causa del interior del sistema.

En consecuencia, si por ejemplo sobreviene una crisis económica en un Estado cualquiera del sistema, las democracias de este sistema tendrán capacidad suficiente para restaurar el equilibrio; si una organización terrorista, de cualquier signo que sea, comete un atentado horroroso en el que el núcleo mismo del Estado democrático queda comprometido, será la propia democracia la que podrá sofocar sus efectos.

Cualquier perturbación o déficit que pueda afectar a una democracia sólo tiene un remedio posible: más democracia.

Sin embargo, estos corolarios y otros muchos del «teorema de Doyle», dado no sólo el carácter idealista de este teorema, sino las peticiones de principio que el teorema contiene (por ejemplo, que los diputados del parlamento democrático representantes del pueblo son individuos que tienen la condición de preferirores racionales y que la composición de ellos es de naturaleza armónica) manifiesta la ignorancia más profunda de quienes lo sostienen. Es decir, la ignorancia de los mecanismos reales a través de los cuales se seleccionan los diputados que representan al pueblo, la inconmensurabilidad de los estratos basales (económicos, demográficos) de las democracias parlamentarias, la inestabilidad de las identidades culturales, filosóficas, religiosas de cada estado democrático, la imposibilidad de «políticas racionales» para controlar demográficamente a la población, si no se quieren invertir las pirámides y convertir al pueblo en un conjunto de organismos decrépitos.

Las democracias no pueden siquiera asegurar la paz perpetua a través de los acuerdos mutuos constitutivos del articulado del Derecho internacional. Los acuerdos internacionales no garantizan la paz, es decir, carecen de fuerza de obligar suficiente para cambiar el rumbo de la historia humana. Por sí mismos, sólo pueden expresar buenos deseos.

La Conferencia de La Haya de 1899, convocada por Nicolás II de Rusia, la Conferencia de La Haya de 1907, el proceso de «deslegitimización de la guerra» a partir de los 14 puntos del presidente Wilson (un lector de La paz perpetua de Kant), de 1917, que culminaron en el Tratado de París de 1931, no evitaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién puede garantizar la Carta de las Naciones Unidas de 1945? ¿Cuántas guerras, enmascaradas como «misiones de paz», han tenido lugar desde 1945 hasta el presente?

Sólo los ignorantes de los mecanismos sociales, gremiales, ideológicos, psicológicos, económicos, &c., pueden mantener la idea de la democracia como idea fuerza salvadora y como fin y destino de la historia humana.

Fuente: El Catoblepas

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