Los once de Barcelona. Otro atropello de la fiscalía, la prensa y los tribunales de Injusticia españoles

ISLAMOFOBIA INJUSTICIA Y MANIPULACION

por Pepe López – Antecedentes: El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder tras la conmoción provocada por los atentados en el «Corredor de Henares» el 11 de marzo de 2004, por las contradicciones en las versiones sobre la autoría del atentado entre el gobierno de José María Aznar y -prácticamente- todas las agencias de noticias, cadenas de televisión y periódicos de Occidente (contradicciones que recordaron intensamente las mentiras del «Trío de las Azores» sobre las armas de destrucción masiva de Iraq) y por las movilizaciones antigubernamentales durante la jornada de reflexión atizadas por SMS (es decir, por «teléfonos móviles» que, en pocos días, pasaron de ser un «medio de comunicación» síntoma de «progreso y libertad individual» a un instrumento terrorista, golpista y desestabilizador).

España no sólo sufrió una conmoción, sino una fractura política-social como no se había vivido desde hacía décadas. Los reproches entre el PP y el PSOE, y entre medios de difusión de masas como El País y la SER por un lado, y El Mundo de Pedro Jota Ramírez y la COPE de Federico Jiménez-Losantos por otro, alentaron esa fractura, donde unas tribunas acusaban al PP de haber provocado la represalia de los «islamistas» de Al Caida con la agresión, invasión y ocupación de Iraq, mientras otras tribunas (paradójicamente más islamófobas que las primeras) señalaban al PSOE como beneficiario de una conspiración no impulsada por «islamistas» sino por elementos del CNI, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Rodríguez Zapatero empezó a ser acusado de «desertor», «cobarde» y «traidor a Occidente» por retirar las tropas de ocupación española en Iraq y por sumarse al invento de la «Alianza de Civilizaciones», hecho que enfurecía a los supremacistas occidentales más fanáticos, pues para éstos eso significaba la mayor de las aberraciones: poner en pie de igualdad a la Civilización («Única y Verdadera») con la Barbarie. Además, su giro en la política anti-ETA fue interpretado abiertamente como un «pago» o «concesión» por posibles «favores» de la «Izquierda Aberchale» al PSOE. Los abucheos y pitidos en el desfile del 12 de Octubre (que se convertirán en costumbre en sus siete años de gobierno) eran una muestra de cómo las gentes de la derecha española consideraban a Rodríguez Zapatero: un usurpador que había ocupado el puesto del «gobierno legítimo» de España bien a través de una maquinación criminal con los separatistas vascos y catalanes, o bien de forma oportunista aprovechando un atentado de los «islamistas».

Así pues, nosotros entendemos que aquel era un gobierno -y los medios que le apoyaban- un tanto a la defensiva, con cierta «mala conciencia» por haber echado al PP y llegado al poder debido a los atentados del 11 de marzo del 2004, y por aparentar poca firmeza en la «Lucha contra el Terrorismo».

Sí, sí: resultaba paradójico que tribunas abiertamente islamófobas que habían relacionado el islam con el terrorismo, y apoyado la implicación de España en las guerras de agresión, invasión y ocupación impulsadas por EEUU como una obligación civilizatoria y antiterrorista (y solapadamente anti-islámica) por parte de nuestra nación («pionera mundial» en la lucha contra el islam según la ideología de Aznar), negaran coyunturalmente la autoría «islamista» (o la autoría principal) de la matanza del «11 M», al tiempo que otras tribunas de la derecha española acusaban a Zapatero de «ceder ante el terrorismo islámico».

Al igual que sesenta años antes Franco había distinguido entre la guerra de la Alianza Washington-Londres contra el Eje Berlín-Roma (en la que se mantuvo neutral), y la contienda entre los aliados y los japoneses (en la que estaba alineado con los EEUU), el PSOE quiso mostrar, en todo momento, que era neutral ante la III Guerra del Golfo (la Alianza Washington-Londres contra Bagdad), pero que estaba con los EEUU en su «Guerra contra el Terrorismo lnternacional (exclusivamente “Islamista”)» y por ello incrementaba el número de efectivos militares en Afganistán y colaboraba en las operaciones «policiales» internacionales.

Pero de la misma forma que la incultura política y el simplismo bipolar de la España de la «Democracia Orgánica» no entendió bien que Franco fuera aliado de Washington en su guerra contra Toquio mientras se mantenía neutral en la guerra contra Berlín y Roma (pues, según los parámetros «políticos» del personal, «o estás con A en todo, o estás contra A en todo»), la incultura política y el simplismo bipolar de la España de la «Democracia Representativa» (herencia apenas corregida por el régimen actual) tampoco entendía bien que Zapatero fuera aliado de Bush en la ocupación de Afganistán y las operaciones de los servicios secretos y policiales (como en los vuelos de secuestrados a Guantánamo), pero no en su guerra contra la insurgencia iraquí.

Así pues, el gobierno del PSOE demandaba un golpe de efecto que no sólo mostrara, ante sus detractores nacionales e internacionales, su «adhesión inquebrantable» a la primera de las «guerras» de Bush, sino que, como «centinela de Occidente», era mejor y más efectivo por «saber prevenir» que su competidor el Partido Popular, que no había sabido detectar y abortar los atentados del «11-M».

(1) Varios antecedentes magrebíes (periodo de José Antonio Alonso):

– La «Operación Nova»

En octubre de 2004 toda la prensa española (escrita, radiofónica y televisiva, así como la incipiente prensa por internet) fue informando con grandes titulares de las sucesivas detenciones (que llegaron a sumar treinta y dos ciudadanos magrebíes -marroquíes y argelinos-) en diferentes puntos de España, en el marco de una operación nombrada como «Operación Nova» impulsada por el juez Garzón (hubo una «Nova II» impulsada por el juez del Olmo).

No vamos a entrar mucho en detalles. El artículo ya es largo. Además de relacionar a algunos detenidos con implicados en los atentados del «Corredor de Henares», el marroquí Abderrahman Tahiri (alias «Mohamed Achraf») fue señalado como jefe de un «entramado de células terroristas creadas en las cárceles», y fue acusado de querer volar la sede de la Audiencia Nacional. La información que daba la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la prensa era que se trataba de células yihadistas peligrosas que «estaban a punto de cometer atentados» y que sólo la feliz intervención policial había impedido la comisión de los mismos.

Durante dos años y medio de proceso llevado por Fernando Grande-Marlaska, éste dictó procesamiento en marzo de 2006 contra todos ellos. Sin embargo no quedó más remedio que liberar a dos porque no había indicio alguno que pudiera esgrimirse como prueba. Por fin empezó el juicio de los treinta por un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Alfonso Guevara, y con el fiscal Pedro Rubira como acusador. Tras tres años en prisión preventiva, Abderrahman Tahiri consiguió organizar un plante común el 15 de octubre de 2007 para llamar la atención del maltrato recibido en prisión denunciado por otro acusado (que luego el juez admitió como probable), justo un día después de intentar romper el bloqueo de la prensa: «No es más que un montaje de los servicios de inteligencia. Aquí sólo se ha hablado de cartas cuando se supone que estamos aquí por un atentado» les gritó. En efecto, las principales pruebas eran tres cartas (dos dirigidas a Abderrahman Tahiri y una dirigida por éste a su presunto lugarteniente Seif Afif Said) que hablaban de la «yihad» y «luchar por Dios». Es significativa la importancia tremenda que le da a estas palabras la judicatura española, hasta el punto que se convierten en pruebas principales de un proceso por terrorismo.

El juicio se prolongó hasta febrero de 2008: de los treinta procesados por el juez Grande-Marlaska, se tuvo que absolver a diez, pero se condenó a veinte activistas. ¿Por preparar esos atentados contra la Audiencia Nacional, contra sedes del Partido Popular o contra una estación? De ninguna manera. Sí, es cierto que la Audiencia Nacional sentenció como probado que Abderrahman Tahiri «estaba obsesionado con volar la Audiencia Nacional mediante un camión bomba con centenares de quilos de explosivos… pero nunca dio los pasos precisos para hacerlo». También consideró como probado que habían tratado de conseguir mil quilos de explosivos (aunque no habían conseguido ni uno). Tahiri fue condenado como «dirigente de una organización terrorista», así como Seif Afif Said, por ser su lugarteniente. Otros dieciséis ciudadanos magrebíes fueron condenados por «pertenencia» a banda terrorista, y dos por «colaboradores».

Pero en octubre de ese mismo año, como tituló el diario La Verdad de Murcia: «El Supremo destroza la “Operación Nova” y absuelve a 14 de los 20 condenados». El subtítulo del diario que tomamos como referencia era: «la más importante operación policial contra el terrorismo islámico (sic) tras el 11-M sólo aportó pruebas contra cinco sospechosos»

El Mundo tituló: «El Supremo absuelve a 14 condenados por la Audiencia Nacional en la “Operación Nova”»

Y de los cinco que siguieron condenados, cuatro siguieron siéndolo por «pertenencia a banda terrorista», pues el quinto sólo era culpable por falsificación de documentos. Y esto lo hacía el Tribunal Supremo aún aceptando como criterio de pertenencia a organización terrorista la «novedosa doctrina» que implantó en julio para confirmar a los condenados por el 11-M. Dieciséis de los condenados por la Audiencia Nacional ni siquiera cumplían los criterios mínimos (que ya son discutibles) para ser considerados miembros de grupo terrorista, por lo que quince fueron absueltos porque no había nada más contra ellos.

Así pues, la flamante «Operación Nova» que desarticuló un «entramado de células yihadistas» se quedó en una sola célula que «adoctrinaba en el yihadismo». El verdadero «entramado» lo había organizado el ministro Alonso en base a un chivatazo del famoso confidente «Cartagena» de la Guardia Civil, el juez Grande-Marlaska, el fiscal Rubira y el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Alfonso Guevara que juzgó malamente (o buenamente según convenía al poder ejecutivo).

Este hecho apenas tuvo reflejo en la mayor parte de la prensa (no olvidemos la «guerra mediática» a propósito del 11-M). Tras su derrota en las elecciones de marzo de 2008, Mariano Rajoy había cerrado la puerta al más ligero cuestionamiento desde sus filas de cualquier proceso y juicio del «terrorismo islamista». El PSOE y los nacionalistas catalanes tampoco lo hicieron. Y como estos tres frentes políticos unánimes -o casi unánimes- son los que dominaban, de forma casi totalitaria, el panorama español, de forma que aquello que no interesa a los tres que se hable, pues no se habla, sanseacabó.

– Las «operaciones novacitas» de acompañamiento.

Tras la flamante operación montada por el gobierno del PSOE y la Audiencia Nacional en octubre de 2004, en diciembre la prensa española informaba de nuevo con grandes alardes de la detención de tres ciudadanos marroquíes en Barcelona. Los Mozos de Escuadra tenían derecho también a la foto en su «Lucha contra el Terrorismo Internacional».

La detenciones fueron realizadas por la noche, rompiendo las puertas, asaltando sus domicilios y sacándolos medio dormidos. Es el método habitual «antiterrorista». ¿Pero porqué no les detienen cuando llegan a sus domicilios? Pues porque estas detenciones se realizan ante las cámaras, para ofrecer más impacto público (lo que obliga a que se realicen al mismo tiempo, pues sólo está asegurado que estén todos los «capturables» por la noche), y para, cómo no, provocar otro impacto psicológico en los detenidos.

Pongamos el ejemplo de cómo dieron la noticia los diarios «serios» más leídos de España (El País y El Mundo):

Titular de El País (22 de diciembre): «Tres detenidos en Barcelona por su presunta vinculación con el terrorismo islamista». Subtitular: «Los supuestos terroristas habían iniciado gestiones para la compra de una partida de explosivos»

Un día después titulaba El País: «La célula islamista detenida en Barcelona intentó comprar casi 400 kilos de explosivo». Y subtitulaba: «El CNI dirigió la investigación con apoyo de servicios secretos extranjeros como la DST marroquí»

Por su parte, éste fue el titular de El Mundo (22 de diciembre): «Los tres detenidos en Barcelona querían conseguir ‘una cantidad importante de explosivos’. Subtitular: «Su objetivo era atentar en España»

Primer párrafo: «”Trataban de conseguir una importante cantidad de explosivos” para cometer atentados en el territorio nacional, según el ministro del interior, José Antonio Alonso»

Fijémonos en el motivo alegado para la detención de tres ciudadanos marroquíes: «intentaron comprar explosivos». No había cartas. Podrán imaginar la base que se consiguió para procesarles.

Once meses más tarde, la prensa volvía a dar cancha ampliamente a la detención de once argelinos (de nuevo el número once) en otras zonas del Levante español (Alicante, Murcia y Granada)

Vamos a poner cómo dio la noticia 20 Minutos días después (29 de noviembre de 2005): «Los islamistas detenidos la semana pasada planeaban “algo gordo” en Navidades en Madrid». Y subtitulaba así: «El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andréu ordenó el ingreso en prisión de cuatro de los argelinos detenidos la semana pasada como presuntos integrantes de una célula de financiación de un grupo salafista vinculado a Al Qaeda, mientras que dejó en libertad a los otros siete arrestados. Los terroristas tenían la intención de “hacer algo muy gordo en Madrid” estas Navidades, según se desprende de las conversaciones que les fueron intervenidas».

Pero el primer párrafo de la noticia rezaba que «Según informaron fuentes jurídicas, estas intenciones eran “muy incipientes”, ya que todo indica que aún no habían fijado objetivos».

Es decir, que fueron arrestados por «intenciones muy incipientes», se reconocía que no se había fijado objetivo alguno, y que los únicos que realmente estaban acusados de algo eran cuatro, y lo eran por formar parte de una «célula de financiación» de un grupo vinculado a Al Caida («Al Qaeda» es la transcripción inglesa, que copian como papagayos los periódicos españoles), a través de robo de tarjetas, pasaportes y objetos varios.

Más abajo, la noticia ya reflejaba que la supuesta intención de comprar «goma» manifestada por uno de los detenidos se refería a droga, no a goma-2. Pero se hacía eco de la interceptación de conversaciones donde se hablaba de cómo conseguir «mercurio rojo», sustancia que «puede utilizarse para fabricar las denominadas bombas sucias».

Tampoco había cartas. Y las «intenciones muy incipientes» tampoco pudieron servir de base, ni siquiera para la Audiencia Nacional.

En mayo de 2007, mientras se celebraba el juicio por el 11-M, trece magrebíes residentes en Barcelona, (entre ellos el «Imán de Santa Coloma», como lo denominó la prensa española), fueron detenidos acusados de formar otra célula «integrista». De nuevo la «Generalitat» tenía una foto para sus Mozos de Escuadra.
Ocho de ellos fueron procesados por el famoso Baltasar Garzón.

Los ocho serían absueltos más darde. Tal absolución apenas tuvo eco en la prensa.

(2) Los indostánicos entran en escena (periodo de Alfredo Pérez Rubalcaba):

– Y llegamos a la «Operación Cantata».

A un mes antes de pronunciarse la sentencia de la «Operación Nova», y a dos meses de las elecciones de marzo del 2008, siendo ya encargado de la cartera de interior Alfredo Pérez Rubalcaba, por entonces el ministro más popular del gobierno -y el más atacado por la oposición derechista-, éste anuncia a los cuatro vientos la desarticulación, por parte de guardias civiles -con la ayuda de mozos de escuadra en el marco de la llamada «Operación Cantata»-, de otra célula yihadista, pero esta vez no compuesta por gentes del Magreb (marroquíes y argelinos) sino por gentes del Indostán (paquistanos e indios) y el aborto del plan de éstos para atentar… contra el metro de Barcelona.

Pongamos como ejemplo a dos diarios del norte de España (El Diario Montañés y El Correo).

El Diario Montañés titulaba: «Desmantelada en Barcelona una célula islamista preparada para atentar». Y subtitulaba: «Pérez Rubalcaba destaca que los 14 detenidos no eran simples radicales, sino que se estaban aprovisionando de material explosivo»

Por su parte, El Correo titulaba: «La Guardia Civil desmantela en Barcelona una célula islamista preparada para atentar». Y señalaba en el subtítulo: «La operación permite la detención de 15 presuntos terroristas que buscaban explosivos para fabricar bombas»

Fuesen catorce o quince, en el cuerpo de la noticia de ambos diarios norteños leíamos que «los activistas detenidos tenían en su poder cuatro temporizadores para bombas» y, según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «habían comenzado a hacer gestiones para aprovisionarse de material explosivo».

Es decir, si habían comenzado a hacer gestiones para comprar explosivos, es que todavía no estaban preparados para atentar. Luego los titulares exponían una situación falsa, aunque más impactante para el público, por supuesto. Ya sabemos que la prensa se toma muchas «libertades» a la hora de titular las noticias. Los editores se escudan en que luego informan con cierto rigor en el «cuerpo de la noticia», es decir, en la letra pequeña. Pero todos sabemos que gran parte del público no se toma la molestia de leerla.

La detención de estos catorce ciudadanos indostánicos (doce paquistanos y dos indios: quince según El Correo) fue relacionada por la prensa y el CNI con la presencia en Barcelona, semanas antes, de varios «imanes yihadistas» que habían mantenido reuniones donde se hablaba abiertamente de atentar en España en cuanto tuvieran el material necesario. ¿De donde sacaba el CNI esa información de los «imanes yihadistas»? El Correo lo señalaba: «de los espías de Defensa». Éstos («los espías» del CNI) informaron que varios de estos «predicadores transeúntes» se habían desplazado a Portugal, Francia y Gran Bretaña para tratar de conseguir explosivos.

Luego veremos que «los espías de Defensa»… se reducían a uno solo: ¿Quien era? el décimo quinto detenido apuntado por El Correo y no citado por El Diario Montañés.

¿Pero qué relación existía entre las catorce personas detenidas en Barcelona y esos «predicadores transeúntes yihadistas» que, por cierto, no fueron descubiertos jamás? ¿Sólo la de «oyentes»?

Pero más importante es que aquí empezaba a darse una asociación completamente gratuita: ni el CNI ni el Ministerio del Interior se molestaron en especificar que una cosa son los yihadistas y otra los predicadores transeúntes del movimiento «Tablig», del cual eran simpatizantes los detenidos. El hecho es que, tanto para el CNI como la prensa, bastaba el conocimiento de esas reuniones para considerar sospechoso a cualquier indostánico que había asistido a reuniones de los predicadores «tabligues», pues «los espías del CNI» (que al final veremos que se trata de uno solo) afirmaban que tales predicadores hablaron de cometer atentados en España, además que se habían movido por cuatro países para tratar de conseguir explosivos (aunque todavía no los habían conseguido). Por otra parte, el único «explosivo» que habían descubierto los guardias civiles en uno de los domicilios fue restos de triperóxido de triacetona, una cantidad insignificante, una sustancia fácil de elaborar a base de ácido sulfúrico, acetona y agua oxigenada, aunque nada recomentable por su inestabilidad.

Claro que la Guardia Civil y la prensa informaban también que se habían encontrado «cables, baterías y cinta aislante» que, como todo el mundo sabe, se han convertido, como los ordenadores y teléfonos móviles, en objetos que sólo están en manos de gente con intenciones terroristas. Viva la histeria colectiva.

La Guardia Civil detuvo a estas catorce (o quince) personas en cinco registros en domicilios y oratorios sin licencia, y en el allanamiento de la mezquita Taric ben Ziyad, con el apoyo de los Mozos de Escuadra. Por tanto, los máximos responsables políticos fueron Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Saura.

«En la operación se incautaron de ordenadores y teléfonos móviles» (que, como hemos dicho, desde el 11 de marzo de 2004 constituyen, por parte de la prensa y la policía de este «Estado social y democrático de derecho», indicios claros como instrumentos criminales en manos de cualquier musulmán. ¿Tienes un teléfono móvil? Eso es un indicio que eres un terrorista yihadista).

Bien. Pocas semanas después (en febrero) se conoció la sentencia del tribunal de Alfonso Guevara sobre la «Operación Nova». Como ya recordamos, sólo se pudo condenar a veinte personas de origen magrebí por «pertenencia a organización terrorista». Al tribunal de Alfonso Guevara no le quedó más remedio que reconocer que, en la presunta preparación del supuesto atentado anunciado a bombo y platillo por la policía, la fiscalía y la prensa contra la Audiencia Nacional, el dirigente de los terroristas «nunca dio los pasos precisos para hacerlo». Así pues, la preparación de los atentados del «entramado yihadista magrebí» se había desinflado, se habían quedado en meros deseos calenturientos de «unos magrebíes» (como señalamos, en octubre el Supremo iba a desinflar también la misma existencia del «entramado»). El señor Pérez Rubalcaba, don Alfredo, descubría ahora, ante los españoles, la existencia de la preparación de un atentado contra las clases populares de Barcelona orquestado no por salafistas árabo-bereberes, lenguaraces e incapaces, sino por gente más seria (y más exótica) como salafistas indo-arios procedentes de Paquistán y Unión India.

Ya dijimos que, tras la derrota de marzo del 2008, Mariano Rajoy y sus flamantes nuevas lugartenientes -de Cospedal en el partido y Sáenz de Santamaría en el grupo parlamentario- ordenaron a los señores y señoras del PP no cuestionar, en lo más mínimo, actuación policial o judicial alguna sobre el «terrorismo islamista». Ya fuese porque Pedro Jota Ramírez y Jiménez-Losantos resultaban aliados incómodos por su apoyo a Esperanza Aguirre, o bien porque el PP tenía que reservar sus cañones para cuestionar la persecución de la «Trama Gürtel», o bien para no dañar más al régimen del «Bipartidismo imperfecto», el hecho es que incluso el diputado Jaime del Burgo se calló. También ocurría que los medios (como los citados El Mundo y COPE) que habían sostenido la tesis de la conspiración «no islamista» del 11-M estaban siendo muy desacreditados tanto por la prensa «progresista» como por sus competidores derechistas, así como por la prensa de los «Movimientos Nacionales» vasco y catalán. Así pues, esta vez, apenas nadie cuestionó las tesis de Pérez Rubalcaba.

Fue más de año y medio después, en diciembre de 2009, cuando la Audiencia Nacional, emitió sentencia. Iban a ser once los ciudadanos indostánicos condenados.

Pongamos el titular del diario digital «El Confidencial»: «Condenada la célula islamista que planeó atentar contra el metro de Barcelona».

Expongamos enteros los párrafos de la noticia, no tienen desperdicio: «La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre ocho años y medio y catorce años y medio de cárcel a once paquistaníes que formaron una célula islamista para atentar contra el metro de Barcelona. Fueron detenidos en enero de 2008, tras el chivatazo de uno de los miembros del comando.

La Sala, presidida por Javier Gómez Bermúdez, ha considerado que su declaración es suficiente para condenarles por un delito de pertenencia a organización terrorista. En una sentencia, hecha pública este lunes, el tribunal explica que las manifestaciones del testigo son “coincidentes en lo esencial, sin que se observe ninguna contradicción clara que haga dudar de su verosimilitud”»

Es decir, la sentencia se basaba en las manifestaciones de un solo testigo, testimonio que el tribunal presidido por Gómez Bermúdez consideraba suficiente para condenarlos por pertenencia a grupo terrorista. Dicho sea de paso, este párrafo ya contradice en cierta forma el titular: eran condenados por pertenencia a banda terrorista, no por planear un atentado. Pero, como hemos señalado, la prensa se toma muchas «libertades» a la hora de titular las noticias. Los editores se curan en salud diciendo en que más abajo informan con cierto rigor.

Seguimos con el «cuerpo de la noticia» según «El Confidencial»: «La Sala considera probado que los acusados estaban preparándose para llevar a cabo una acción con explosivos contra el metro de Barcelona, “que pudiese provocar muchas víctimas”, siguiendo los postulados del líder talibán Baitullah Mehsud, vinculado a Al Qaeda. Para ello acostumbraban a reunirse en la mezquita Tariq Bin Ziyad de Barcelona donde, dos días antes de las detenciones, el 16 de enero de 2008, se presentó el testigo protegido identificado en el sumario como F-1, que supuestamente pertenecía a la célula hasta que supo que debía inmolarse en el atentado y decidió delatar al grupo a la Policía»

Seguimos viendo que la única prueba era la acusación de este terrorista arrepentido convertido en testigo protegido y, por tanto, anónimo.

«El principal acusado, Mahruf Ahmed Mirza, ha sido condenado a diez años y seis meses de cárcel en calidad de “dirigente” del grupo, aunque la pena más alta ha correspondido a Qadir Malik, a quien se han impuesto ocho años y medio por un delito de integración y seis años más por tenencia de explosivos. Para el resto, el tribunal ha decretado penas de ocho años y medio de cárcel como integrantes de un grupo terrorista. Sin embargo, el tribunal no ha condenado a los acusados de conspiración para atentar, a pesar de la solicitud del fiscal en este sentido, y les ha absuelto del delito de tenencia de explosivos»

«Según la sentencia, Malik, quien durante el juicio negó haber preparado el acto terrorista porque “un animal no caga donde come”, tiró una bolsa de basura, tal y como declaró un testigo agente del CNI en la vista, cuyo contenido venía a “corroborar que se está preparando la confección de artefactos explosivos”. La bolsa, que el acusado arrojó el 17 de enero de 2008, contenía dos paquetes vacíos de pilas, otra caja vacía de 9 pares de guantes de látex, unos alicates, un bote de plástico, 8 conectores de toma de alimentación de ordenador, un reloj, un temporizador, una tarjeta de teléfono y los cables, entre otros. El tribunal relaciona estos restos con la pequeña cantidad de explosivo -18 gramos de nitrocelulosa- hallados posteriormente en la mezquita en la que se reunía el grupo, motivo por el que Malik es el único de los acusados a quien se condena por tenencia de explosivos».

Bien. La noticia sigue con el subtítulo «Absolución del delito de conspiración» que -para quien quiera verlo- anula el propio título de la noticia escogido por los redactores de «El Confidencial»

«La sala afirma que dos de los procesados -Malik y Shaib Iqbal- llegaron a conseguir cierto número de bengalas de uso pirotécnico y a extraer la nitrocelulosa que contenían, y que adquirieron temporizadores y balines de plomo que sirvieran como metralla. Sin embargo, el tribunal acuerda la absolución de los procesados del delito de conspiración para cometer estragos terroristas del que les acusaba el fiscal, al considerar que no se dan los requisitos exigidos para ello, como el de la “decisión definitiva y firme de ejecutar un delito, plasmada en un plan concreto y determinado”»

Como sigue indicando la noticia «En este sentido, la sentencia dice que de los hechos probados “no se desprende un plan suficientemente concreto y determinado, porque el plan alcanzaba una acción con explosivos en el metro de la ciudad de Barcelona, pero en el momento de la detención no disponían más que de una pequeña cantidad de explosivo”. Añade además que “tampoco consta concretado con precisión el día, ni el lugar, sólo la decisión de colocarlo en el metro”. “En consecuencia, no se había avanzado aún lo suficiente la planificación para estimar la existencia del delito de conspiración”, afirma la sala.»

De nuevo teníamos una condena de la Audiencia Nacional simplemente por pertenencia a un grupo yihadista que «se preparaba para acciones terroristas», pero al tiempo se reconoce que «no se dan los requisitos» para considerar que había un plan determinado para cualquier acción terrorista.

«La resolución hace también referencia al testigo protegido conocido como F-1 para rechazar las alegaciones de las defensas de que, en realidad, trabajaba para el servicio de inteligencia francés y su testimonio deberá anularse».

Y ahora la traca final de la sentencia del tribunal de Gómez Bermúdez: «Según la sentencia, “aún en el caso de que fuese miembro de los servicios secretos franceses, no tendría motivos suficientes para mentir en relación a la participación de los acusados en estos hechos, sino todo lo contrario”».

¿No tendría motivos suficientes para mentir? Vaya, vaya.

– Otra operación contra el «terrorismo islamista» en Barcelona.

Durante 2010 ya habían circulado noticias (no destacadas, pero algo se decía) sobre la inconsistencia de las acusaciones contra los ciudadanos indostánicos de Barcelona (aunque uno ya era español pues llevaba varias décadas viviendo en nuestro país). Parece que hasta tres jefes de la investigación llegaron a ser sustituidos por el Ministerio del Interior porque no hallaban más indicios y así lo manifestaron ante la Fiscalía y sus superiores. La sentencia de Gómez Bermúdez fue destacada por la prensa, pero todo se basaba en la palabra de un «terrorista arrepentido» para condenar a los diez paquistanos y al indio, y en una cantidad ridícula de nitrocelulosa para condenar más años a Qadir Malik. Justo un año después, en diciembre de 2010, con Alfredo Pérez Rubalcaba convertido ya en vicepresidente del gobierno y, según todo quisque, «hombre fuerte» del PSOE ante la evidencia de un Zapatero convertido en «cadáver político», se anuncia otra operación contra el «terrorismo islamista», de nuevo en Barcelona.

Así tituló RTVE: «La Policía Nacional ha desarrollado este miércoles por la noche una operación contra el terrorismo islamista en Barcelona». Segundo titular: « La Policía desarticula una célula islamista en Barcelona y Tailandia que falsificaba pasaportes»

Vaya, entonces en eso, y sólo en eso consistía el delito por lo que eran acusados y arrestados. Ni siquiera les acusaban de la «posibilidad de prepararse» para «la presunta comisión de un posible atentado», sino en la falsificación de pasaportes.

Subtitular: «Los documentos eran robados en Barcelona y falsificados en Bangcoc. Luego eran distribuidos entre diversos grupos terroristas de Al Caida»

Claro que la imputación de este último extremo era ridícula. Pues los falsificadores se encargan de robar y falsificar documentos, y luego los venden a quien quiera (y pueda) pagar por esas falsificaciones, sean terroristas de Al Caida, traficantes de drogas o morosos que quieran irse lejos de España. Pero esto servía como simple recordatorio de la «Operación Cantata».

– Otro montaje infame del poder en España a costa de once personas.

Pues hemos llegado a mayo de 2014 y según una investigación internacional de «Journalismfund.eu», ese famoso testigo «F-1» del fiscal González Mota, el «terrorista arrepentido» cuyo relato movió no sólo toda la «Operación Cantata» contra el supuesto complot islamista que iba a atentar contra el metro de Barcelona, sino que constituyó el único fundamento del proceso impulsado por la Fiscalía (que, como todos sabemos en España, se encuentra a las órdenes del gobierno de turno) y, para colmo y demostración del desprecio por las garantías judiciales de la Administración de ¿Justicia? Española, fue la única prueba (y la «prueba suficiente») en que se basó el tribunal de Gómez Bermúdez para condenar a los Once de Barcelona, mintió. Nunca formó parte de una célula terrorista y, por tanto, nunca pudo haberse arrepentido de haber formado parte de ella, ni de su supuesto comando ejecutor ni de la presunta red de financiación para el mismo.

Dos conocidos del testigo «F-1» y varios documentos ya analizados desmontan esa pretendida red. El relato de este testigo falso fue montado a partir de nombres y elementos extraídos de su actividad como traficante de inmigrantes (contratos y permisos de trabajo) en Europa. Este sujeto es uno de los traficantes de inmigrantes más buscados en Paquistan, y, al contrario de lo que declaró ante Gómez Bermúdez (aunque ya leímos que no lo consideraba relevante) sí colaboraba con los servicios secretos franceses.

Su relato puso en alerta a varios países europeos, pues dijo que había mucha gente preparada para cometer atentados en Gran Bretaña, en Portugal, en Francia y en Alemania. En Gran Bretaña se detuvo a seis paquistanos procedentes de Barcelona. Tras 21 horas de interrogatorio se descubrió que los supuestos terroristas eran allegados y partidarios cercanos, nada menos, que de Pervez Musharraf. Fueron puestos en libertad sin cargos, y Londres tuvo que disculparse diplomáticamente ante Islamabad. En Portugal no detuvieron a nadie.

Pero en España la fiscalía prosiguió con la acusación contra diez ciudadanos paquistanos y uno indio. Y la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los once acusados se basó en la convicción siguiente: «el tribunal llega a la conclusión de aceptar como probado que los hechos se desarrollaron en la forma en que este testigo relata» y lo hizo fundamentándose únicamente en la coincidencia en las diversas declaraciones del testigo, «sin que se observe ninguna contradicción esencial, que haga dudar de su verosimilitud». Es decir, la Audiencia Nacional condenó a los Once de Barcelona única y exclusivamente porque el testigo ofreció en diversas declaraciones un relato sin contradicciones. ¡Manda huevos!

Pero a pesar de las conclusiones de la sentencia, la propia Guardia Civil había abandonado durante la instrucción de González Mota la posibilidad de demostrar cualquier conexión de los detenidos con la supuesta red de financiación de Al Caida.

Durante el juicio, no sólo la identidad sino las circunstancias del testigo se mantuvieron bajo secreto. Sin embargo, sólo dos meses después de su celebración, el fiscal Vicente González Mota reconoció en privado que «no había ningún lazo con Al Caida» y que el testigo era en realidad «un agente encubierto» extranjero, según recoge un cable enviado a Washington por la embajada usaca el 25 de enero de 2010, revelado por Wikileaks.

De los once condenados a partir del testimonio del falso arrepentido, dos siguen aún en prisión. El presunto jefe de la célula terrorista y el último de los detenidos, extraditado desde Holanda. Los otro nueve cumplieron en enero sus seis años de cárcel, y fueron luego deportados a Paquistán y Unión India. Allí reivindican su inocencia en entrevistas y ruedas de prensa. El único de ellos que permanece en nuestro país, gracias a su nacionalidad española, sigue viviendo en Barcelona, su ciudad desde hace cuatro décadas. Mohammed Ayub, de setenta años, recuerda en el piso que uno de sus hijos tiene en el Raval el extraño fin de semana de su detención: «En los calabozos me acordaba del chico que había venido de Francia y pensaba: ‘Pobrecito, por juntarse con nosotros lo han detenido también a él».

Como dijimos, todos los condenados eran seguidores del «Tablig». Ése era su delito.

«F-1», el falso terrorista, señaló a los agentes la pastelería paquistana más antigua del barrio del Raval, propiedad de Mohammed Ayub, como el sitio donde iban a fabricar las bombas contra el metro. La policía registró el local sin hallar nada. Ayub, al igual que el resto de los detenidos, pasó ese fin de semana incomunicado y ni siquiera imaginaba que el «chico» que acababa de llegar de Francia era el embustero que había desencadenado la operación policial. El chico tenía 35 años, vivía en París y aseguró a las autoridades españolas que, aunque se había arrepentido en el último momento, él mismo iba a ser uno de los suicidas encargados de cometer el atentado.

El supuesto terrorista no llegó a estar detenido y apenas cuatro días después obtuvo oficialmente la condición de testigo protegido, que en su caso incluía además la inmunidad.

«¿Hay alguna razón, condición o circunstancia que pudiera dificultarle o impedirle decir la verdad?», le preguntó Gómez Bermúdez. «Todo es cierto», respondió el testigo. Sin embargo, al contrario de lo que él declaró bajo juramento, sí colaboraba con los servicios secretos franceses, como reconoció luego el fiscal González Mota.

En enero de 2008, cuando tuvieron lugar las detenciones en Barcelona, la verdadera actividad criminal de Asim («F-1») –«conseguidor de papeles» a cambio de dinero– era conocida por la comunidad paquistana de los alrededores de París desde hacía al menos tres años. Durante el 2008, familiares de algunas de sus víctimas residentes en París lo buscaban además por estafa: Asim había cogido el dinero pero no había facilitado la entrada en Europa de los inmigrantes que le habían pagado. Meses antes de su aparición estelar en Barcelona, la policía de Rawalpindi había cursado tres denuncias contra él por ofrecer «permisos de trabajo para Italia». En 2009, la FIA (una especie de FBI paquistana) lo incluyó entre los setenta y seis traficantes de seres humanos más buscados de Paquistán. Este hecho estaba perfectamente publicado en su «Libro Rojo» y en su «web oficial». Cuatro meses antes del juicio, había sido declarado oficialmente como fugitivo, «en busca y captura» ¿Acaso todo esto no fue comprobado por la fiscalía y la Guardia Civil? No era nada complicado: bastaba con saber leer inglés. Precisamente su estatuto de testigo protegido otorgado por España facultó, encima, que dicha búsqueda fuera infructuosa. ¿Es que no se molestaron en averiguar su situación en Paquistán? Eso sería muy grave ¿O acaso ocultaron deliberadamente tal situación en el juicio? Eso sería gravísimo. Encima le encubrieron ante la policía de Paquistán que lo buscaba por tráfico de emigrantes.

Los abogados de los once condenados a partir del falso testimonio del testigo protegido han protestado, cómo no, porque esta información tan relevante no estuviera a disposición de la defensa, y señalan directamente a la responsabilidad de la Fiscalía. «Si hubiéramos conocido con qué organizaciones criminales trabajaba de verdad, y que no eran precisamente Al Caida, eso habría minado su credibilidad», explica el abogado Benet Salellas. «No sólo la credibilidad intrínseca de su relato, sino también la extrínseca, porque nos habría servido para ver que lo que él contaba, cuando era comprobable y se comprobaba, era falso», añade.

«Una cosa es ocultar la identidad del testigo, que hasta cierto punto es comprensible, y otra cosa es ocultar las circunstancias del testigo, lo cual no ocurre en ningún país civilizado”, añade el otro abogado, Jacobo Teijelo. «Saber que existe información relevante para la defensa y no comunicarla implica que no se respetó la norma del proceso debido, y eso habría echado abajo todo el procedimiento», añade. El fiscal González Mota, los jueces Gómez Bermúdez, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro, y el Ministerio del Interior han declinado comentar estas nuevas informaciones.

Lo dicho: hemos tenido otro montaje infame del poder en España a costa de once personas en particular, a costa de los musulmanes en su conjunto y a costa de toda la población española en general para generar miedo y recelos entre unos y otros. Así operan estos poderes que presumen de «antirracistas» al tiempo que generan miedos y recelos interétnicos. No nos hagamos los tontos: todo esto, además de para sus sucias maniobras de contienda política-mediática, sirve al poder político y mediático para extender la sospecha sobre comunidades enteras. No son los grupos xenófobos los causantes del miedo y el odio al «diferente», sino el propio poder establecido que presume de democrático y defensor de la convivencia en libertad.

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