El Estado plurinacional, ¿practica lo que predica?

MAILER MATTIÉ

por Mailer Mattié* – Instituto Simone Weil/CEPRID – Maquiavelo: Mientras escuchaba vuestras teorías sobre la división de poderes y sobre los beneficios propiciados por la misma a los pueblos, no podía dejar de asombrarme, Montesquieu, viendo hasta qué punto se adueña de los más grandes espíritus la ilusión de los sistemas. Maurice Joly (Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, 1864).

“En el siglo XXI el culto al Estado es la forma idónea y superior de pro-capitalismo.” Félix Rodrigo Mora (El giro estatolátrico, 2011).

La sociedad contemporánea está supeditada a la articulación que se establece entre el Estado y la economía como fines en sí, dado que el sistema político y el sistema económico no son medios al servicio de la satisfacción de las necesidades humanas, del cuerpo y del alma, para el buen vivir.

Como un fin, al Estado corresponde el fortalecimiento del monopolio de la autoridad (legal, no necesariamente legítima), de la violencia (ejército y policía) y de las leyes que regulan el comportamiento individual y la vida colectiva (educación, sanidad y mercado de trabajo, entre miles).

La economía, por otro lado, se transformó en un fin a partir de la destrucción de las formas de subsistencia ajenas al capitalismo, dando paso en el siglo XIX al monopolio de la producción industrial. Un proceso, por lo demás, paralelo al auge de la utilización del dinero como medio de acumulación y, en consecuencia, también a la subordinación de su condición de intermediario para la circulación y el intercambio de los bienes. Un sistema económico, en suma, cuyo objetivo no es la satisfacción de la subsistencia, sino –tal como argumentaron Silvio Gesell y Simone Weil [1]- el interés monetario, la usura: la apropiación de la riqueza ajena al trabajo, cuyo incremento genera sobreproducción en los sistemas financieros y crisis periódicas con graves efectos sobre la vida de la gente.

De este modo, frente a los permanentes riesgos que supone el inestable funcionamiento de semejante orden económico, el Estado actúa como la maquinaria encargada de gestionar la relación entre aquél y el resto de la sociedad. Así, en cada circunstancia, implementa sus propias estrategias, incluyendo la reforma de sus instituciones. Un recurso, además, que demanda especialmente la renovación de la prédica política para encubrir la invariabilidad real de los objetivos. En este contexto, la experiencia reciente del Estado Plurinacional en los países andinos, demuestra una vez más que sistema político y capitalismo admiten ser diferenciados solo en las proclamas de quienes detentan el poder. Revela, asimismo, la abierta y firme cooperación de la izquierda en Latinoamérica con los intereses de la economía mundial; complicidad velada por la vacía retórica del nacionalismo y la creación de falsas expectativas en relación con la valoración de las culturas ancestrales y los modos de vida de los pueblos originarios, herencia precisamente de prácticas de convivencialidad surgidas y preservadas al margen de cualquier institución estatal.

II

Los pueblos indígenas en los países andinos –y en general en toda América Latina-, nunca formaron parte de los ideales políticos y sociales pregonados por la izquierda. Al contrario, siguiendo el ejemplo de los gobiernos republicanos desde el siglo XIX, fueron siempre ignorados o tratados con desprecio y extrema violencia. Basta precisar la actuación de los grupos guerrilleros en Colombia, del gobierno del Frente Sandinista en Nicaragua o de Sendero Luminoso en Perú.

Durante las dos últimas décadas, en los territorios andinos y amazónicos, sin embargo, las comunidades indígenas organizadas libraron verdaderas batallas contra los Estados nacionales, resistiendo la imposición de las políticas económicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Consenso de Washington en el Continente. De hecho, desafiaron la implementación del Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Colombia, la privatización del agua y la destrucción de la naturaleza en sus territorios ancestrales, alentando el derrocamiento de gobiernos corruptos y represivos, generando así graves crisis de gobernabilidad en algunas naciones.

Determinantes fueron, por ejemplo, los sucesos que tuvieron lugar en Bolivia y en Ecuador durante el año 2000. En Bolivia, la llamada “Guerra del agua” en Cochabamba impidió su privatización en esa ciudad de 600 mil habitantes; en la localidad de Achacachi, igualmente, se levantaron 30 mil indígenas contra el gobierno del ex dictador Hugo Banzer, evento que consolidó el liderazgo nacional de Evo Morales, entonces dirigente de los campesinos productores de hoja de coca. En Ecuador, un grupo de militares encabezados por el coronel Lucio Gutiérrez [2] se unió al movimiento indígena y popular y derrocaron el gobierno de Jamil Mahuad, constituyéndose una Junta de Salvación Nacional de la cual formó parte Antonio Vargas -entonces Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)-, aunque no obtuvo respaldo internacional; la relevancia de la participación de las organizaciones indígenas en los acontecimientos, les otorgó definitivamente un lugar nunca antes alcanzado en el contexto político del país.

De esta manera, a comienzos del siglo XXI, el movimiento indígena en ambas naciones se confirmaba como una de las principales fuerzas de resistencia al Estado neoliberal en América Latina [3]; efervescencia que trazó, sin duda, la redefinición del escenario político para el futuro inmediato.

En efecto, sectores de izquierda -auspiciados en buena medida por el ávido interés del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez-, en alianza con los principales líderes de las organizaciones indígenas, comenzaron públicamente a argumentar la redefinición de las instituciones en torno a la fundación del Estado Plurinacional: el instrumento idóneo para edificar una verdadera democracia en los países andinos y superar 200 años de racismo republicano, a partir de la supuesta valoración de las culturas y del conocimiento ancestral. En consecuencia, el nuevo liderazgo político reivindicó el paradigma del Suma Kawsay –Buen Vivir, en lengua kichwa- o Sumaq Qamaña –Vivir Bien, en lengua aymara-, como guía para construir nuevas formas de convivencia social y de economía, bajo la promoción y la tutela de las renovadas instituciones estatales.

El Buen Vivir en las cosmovisiones originarias, de hecho, hace referencia a la práctica de principios convivenciales de cooperación, reciprocidad y redistribución, teniendo en cuenta que la armonía y el equilibrio social deriva de la complementariedad de los opuestos. Por tanto, fue considerado también como la opción a los criterios de bienestar impuestos por el capitalismo, relacionados con el crecimiento económico y la destrucción de la naturaleza; una elección frente a los conceptos de desarrollo, industrialización y progreso, integrando la sabiduría de antiguos conocimientos para elaborar respuestas propias a los enormes retos de la sociedad.

No obstante, aún cuando la mayoría de las organizaciones indígenas reivindicó desde el principio la propuesta del Buen Vivir, su planteamiento como un ideal para orientar la redefinición del Estado fue principalmente una labor a cargo de políticos, universitarios e intelectuales. Entre los más reconocidos en Ecuador han destacado Alberto Acosta -ex Presidente de la Asamblea Constituyente- y el Canciller David Choquehuanca; en Bolivia, el sociólogo aymara Simón Yampara, Álvaro García Linera -Vicepresidente del gobierno y sociólogo marxista inspirador del socialismo comunitario- y Mario Torres, difusor del Sumaq Qamaña como modelo de desarrollo.

La propuesta de instaurar el Estado Plurinacional en Ecuador se consolidó finalmente en 2007. Un año más tarde, el 28 de septiembre, la nueva Constitución fue aprobada en referendo por una mayoría próxima al 65 por ciento de los votos. La norma constitucional asumió el Sumak Kawsay como eje transversal, al considerar el Buen Vivir un horizonte de desarrollo que integra los criterios de comunitarismo, democracia plurinacional, interculturalidad, autodeterminación, soberanía, independencia y solidaridad internacional. Amplió, asimismo, el ámbito de las leyes al definir los derechos de la Naturaleza y aquellos que corresponden al Buen Vivir: el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros.

Del igual modo, en Bolivia la nueva Constitución fue ratificada también en referendo el 25 de enero de 2009, con el respaldo del 90 por ciento de los votantes. La nación fue definida como un Estado con plurinacionalidad política, económica, jurídica, cultural y lingüística; un Estado unitario y comunitario que resguarda la integridad del territorio nacional y reconoce, al mismo tiempo, la coexistencia de formas diversas de vivir en comunidad, de economía y organización social. Adoptó, además, los principios que se atribuyen al Suma Qamaña -y a nociones semejantes de los pueblos originarios como el Teka Kavi (Vida Sana), Ivi Maraei (Tierra Sin Mal) y Qhapajñan (Vida Noble)-: unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, equidad social y de género, bienestar común, distribución y redistribución de los bienes. Corresponde al Estado, también, el deber constitucional de asumir y promover en la sociedad plural los valores éticos vigentes, desde hace siglos, en pequeñas comunidades indígenas como los ayllus aymaras: Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas ocioso). Su objetivo es alcanzar el horizonte del socialismo comunitario y plurinacional.

III

En el mes de agosto del año 2000, en pleno auge del movimiento indígena en los países andinos, se estableció, en el marco de la Primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada en Brasilia, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) [4], con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, entre otros patrocinadores.

Considerado el mayor plan de ordenamiento territorial a nivel mundial, su costo se estimó en 75 mil millones de dólares, cuyo financiamiento supondría un aumento del 6 por ciento de la deuda externa de los países implicados. Incluye la construcción de 500 proyectos en la región de Sur América, principalmente aeropuertos, acueductos, puertos fluviales, gasoductos, tendidos eléctricos y de fibra óptica, centrales hidroeléctricas, explotación minera, de hidrocarburos y de recursos genéticos a gran escala y producción de cultivos transgénicos. La finalidad es garantizar el transporte de mercancías hacia los centros de consumo en los Estados Unidos, Canadá, India, China, Europa y Japón. Respondiendo a las exigencias de los objetivos de crecimiento de la economía en Brasil, el ex Presidente Lula da Silva, líder obrero del izquierdista Partido dos Trabalhadores (PT), fue uno de sus mayores impulsores.

El proyecto agrupa a los países en 10 ejes, a manera de corredores interoceánicos entre el Atlántico y el Pacífico. En el Eje Andino, por ejemplo, tiene prioridad la construcción de infraestructura relacionada con los recursos energéticos, cuyo fin es ampliar la comunicación por vía terrestre, aérea y fluvial entre Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bolivia ocupa aquí un lugar importante en referencia a la explotación de hidrocarburos y la producción de soja transgénica. Por su parte, el Eje Perú/Brasil/Bolivia está vinculado a la explotación de la biodiversidad, la industria farmacéutica y biotecnológica, gas, territorios indígenas, energía hidroeléctrica y agroindustria.

En el año 2010, el 75 por ciento de los proyectos se encontraba en ejecución. En casos precisos, las consecuencias han dejado en evidencia la intensa intervención que suponen en lugares habitados por comunidades indígenas.

La construcción de complejos hidroeléctricos en Brasil, de hecho, ilustra el impacto de la IIRSA en la vida de los pueblos originarios y en la naturaleza. En marzo de 2011 se iniciaron las obras de la represa Belo Monte en el estado amazónico de Pará, considerada entre las mayores del mundo junto a la de las Tres Gargantas en el río Yangtsé en China. Con un costo estimado en 10 mil millones de dólares, financiado mediante endeudamiento estatal, se prevé que comience a funcionar en 2015. Desviará el agua del río Xingú e inundará 516 Km.2de selva, obligando el desplazamiento de 50 mil indígenas y campesinos. La oposición al proyecto comenzó en 2010, antes de su aprobación oficial, cuando el jefe Raoni [5] del pueblo kayapó realizó una campaña de denuncia durante un viaje a varios países de Europa. A comienzos de 2013, las comunidades afectadas, con el apoyo de la organización Xingú Vivo Para Sempre [6], lograron paralizar las obras, ocupando la zona. En marzo, el gobierno de Dilma Rousseff, también del PT, envió tropas militares y la construcción de la represa se reanudó.

Está en marcha también en la región amazónica brasileña la ejecución del complejo hidroeléctrico de Papajós. Prevista su conclusión entre los años 2017 y 2020, el proyecto incluye la construcción de cinco centrales hidroeléctricas; obra que afectará a 20 mil personas de los pueblos mundurukú, kayabi y apiaká, cuyas aldeas quedarán inundadas.

La respuesta estatal a la resistencia indígena en la región, en realidad, tiene un antecedente inmediato en la actuación que oficializó el gobierno chileno en 1997, cuando comenzó la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el río Bío Bío, propiedad de la multinacional española Endesa, en medio de un territorio habitado por 4 mil personas de la etnia pehuenche del pueblo mapuche. Su oposición desató una violenta represión del Estado que aplicó a líderes indígenas la ley antiterrorista vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, cuyas funestas consecuencias aún perduran.

Fue a la sombra del lanzamiento de la IIRSA, entonces, cuando, precisamente, comenzó a perfilarse la noción del Buen Vivir como cimiento conceptual del futuro Estado Plurinacional; puntualmente a partir del año 2004, una vez conseguido el respaldo de diversos sectores sociales y la adscripción de las principales organizaciones indígenas en Bolivia y Ecuador.

Además de infundir falsas expectativas dirigidas a debilitar la fuerza y cohesión del movimiento indígena, la consecuencia directa de pretender estatizar el conocimiento ancestral ha sido justamente propiciar su imprecisión y su ambigüedad. En primer término, la práctica de los principios del Buen Vivir como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad, implica obligaciones convivenciales que difícilmente podrían ser sustituidas por derechos constitucionales. Obligaciones y mandatos en cualquier caso sujetos a la autoridad de jerarquías legítimas, ajena a la que otorgan los privilegios del poder político o económico.

Imponer el derecho sobre las obligaciones condujo, inclusive, a considerar competencia del Estado conferirlos a la Naturaleza, tal como establece la Constitución ecuatoriana y la Ley que promulgó el presidente Evo Morales en octubre de 2010 que estipula el derecho de la Madre Tierra a la vida, a la diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la no contaminación y a su restauración. Atribución que ignora, desde luego, que, según el saber ancestral, son las personas quienes tienen obligaciones con el planeta, en términos precisamente de la reciprocidad que supone recibir sus dones.

Subordinar el conocimiento hereditario al derecho, de igual forma, implica desestimar como fuente de armonía social la complementariedad de los opuestos en todos los órdenes de la vida. En tal sentido, por ejemplo, resulta significativo que, en el marco de la Agenda del Buen Vivir, el Estado Plurinacional boliviano intervenga en las relaciones entre hombres y mujeres adoptando prácticas claramente inspiradas en el feminismo occidental que victimiza, fomenta la discriminación positiva, la dependencia estatal, la criminalización y el conflicto, relegando el apoyo y la ayuda mutua derivada del entorno social y comunal [7]. Así lo demuestra la aprobación en marzo de 2013 de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la cual acuerda, entre otras cosas, la creación de una fuerza especial ad hoc integrada en la estructura policial. Ley, no obstante, al parecer avalada por las corrientes del llamado feminismo comunitarioque contempla, incluso, la posibilidad de desarticular el patriarcado desde el Estado Plurinacional [8], considerado según su perspectiva un instrumento de transición que deberá conducir a la unidad y autogobierno de las comunidades.

IV

En realidad, la prédica estatal que proclama la defensa de la pluriculturalidad se desvanece en la práctica. En Ecuador, durante los últimos años se adjudicó a compañías petroleras entre el 70 y el 100 por ciento del total de los territorios indígenas en la región amazónica; subasta que ha prescindido de la consulta previa a las comunidades, tal como prescriben la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por este país en 1998. Por otra parte, la suspensión de la Iniciativa Yasuní, declarada por el presidente Rafael Correa el 15 de agosto de 2013, autoriza la explotación de 900 millones de barriles de petróleo en el Bloque 43 del Parque Nacional, donde habitan pueblos de origen kichwa, taromenane, tagaeri, waorani y shuar, incluyendo poblaciones que habían vivido hasta ahora en aislamiento voluntario. Fue declarado por la UNESCO Reserva de Biodiversidad en 1989, lo cual confiere a las Naciones Unidas responsabilidad directa en su destrucción programada.

En Bolivia, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Justicia en 2013, de las 36 nacionalidades que integran el Estado Plurinacional, 15 se encuentran en peligro de extinción. Es el caso de los pueblos yaminahüas, machinaris, araonas, yukis, urus, ayoreos, pacahuaras, esse ejas y toromonas, entre otros; algunos, inclusive, cuentan apenas con 500 miembros. Significativamente, además -aún cuando existen divergencias en torno a la formulación del cuestionario-, el censo de población de 2012 reveló que solo el 42 por ciento de los habitantes del país mayores de 15 años reivindicó su origen indígena –kichwas y aymaras, en un 88 por ciento-, lo que muestra una reducción del 20 por ciento respecto al porcentaje en 2001 que fue del 62 por ciento del total. Es decir, en apenas una década la población boliviana habría dejado de ser mayoritariamente indígena.

A partir del año 2010, por otro lado, se ha producido un notable deterioro en las relaciones entre el Estado Plurinacional y el movimiento indígena y campesino. En Ecuador, de hecho, la mayor parte de sus organizaciones están enfrentadas a las instituciones, sobre todo en lo concerniente a la toma de decisiones que afectan directamente a los territorios y a las comunidades. La gestión del gobierno de Rafael Correa en tal sentido ha sido cada vez más fehaciente, dirigida a desarticular la protesta social en la medida en que auspicia la explotación petrolera y el desarrollo de los proyectos IIRSA, tal como refleja el reciente Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) que prevé el aumento de la producción agrícola para exportación, la expansión de la actividad minera y la construcción de centrales hidroeléctricas.

El 4 de junio de 2013, en efecto, el Presidente ecuatoriano firmó el decreto Nº 16 que aprobó el Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas [9]. Esta norma deroga el anterior decreto Nº 982 del año 2008 que instruía sobre la disolución de las asociaciones civiles, cuya aplicación ilegalizó las actividades de la agrupación Acción Ecológica en marzo de 2009, reconocida a nivel mundial por su oposición permanente a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, aunque la presión nacional e internacional obligó luego al gobierno a corregir la decisión.

El decreto Nº 16, no obstante, amplió el ámbito de la intervención estatal al incluir pueblos y comunidades, además de los colectivos constituidos formalmente. Limita el derecho de las personas a la libre asociación y establece la obligatoriedad de presentar a las instituciones información sobre las actividades de los miembros de cualquier organización. El Estado podrá así determinar su disolución, al considerar que realiza acciones que solo corresponderían a los partidos políticos, u otras que no coincidan con los objetivos para los cuales fue originalmente constituida.

En aplicación de dicho decreto, en efecto, el 4 de diciembre de 2013, la policía ocupó y clausuró las instalaciones de la Fundación Pachamama [10], acusados algunos de sus integrantes de violencia contra el embajador de Chile en Ecuador y el apoderado de Belorusneft -empresa estatal de petróleo de Bielorrusia-, cuando participaban en los debates de la II Ronda Petrolera. La acusación argumenta intervención en actividades partidistas y en acciones que atentan contra la seguridad del Estado y la paz pública. El gobierno ecuatoriano, de hecho, firmó en octubre de 2013 un compromiso con Belorusnaft y la compañía chilena ENAP para la exploración y explotación del Bloque 28 de la franja amazónica del suroriente del país, donde hay aún acuerdos pendientes sobre otros 17 bloques petroleros. La Fundación Pachamama ha acudido a los tribunales internacionales, mientras el presidente Correa aprovecha cualquier circunstancia para insultar, menospreciar y descalificar públicamente a los dirigentes y colectivos que manifiestan oposición a sus políticas.

En Bolivia, asimismo, el año 2011 marcó un punto de inflexión en la senda del Estado Plurinacional. El 25 de septiembre, el gobierno ordenó enviar 600 policías y apoyo logístico militar [11] para disolver el campamento situado en la localidad de Chaparina, formado por 800 campesinos e indígenas desarmados que habían llegado hasta allí caminando, durante 64 días, desde distintas regiones del país. Exigían la anulación del proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo trazado atraviesa el núcleo del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde habitan comunidades de los pueblos chimanes, mojeños y yuracarés. La carretera forma parte de los corredores de la IIRSA y su construcción cuenta con el financiamiento del BNDES brasileño, aunque las autoridades bolivianas han negado reiteradamente que exista dicha conexión.

Aún cuando el presidente Evo Morales se vio obligado un mes más tarde a ordenar la paralización de las obras y declarar intangible el TIPNIS, el proyecto persiste en la agenda económica del Estado. La violenta respuesta gubernamental, sin embargo, dejó como secuela una profunda fractura en la relación del movimiento indígena con el Estado, provocando también su división.

El Pacto de Unidad, considerado uno de los pilares de la renovación del Estado, en efecto, se rompió. Dicha alianza la integraban cinco históricas organizaciones: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCIDB-BS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Así pues, en noviembre de 2011 se produjo la separación entre el bloque integrado por los dirigentes de la CSUTCB, las “bartolinas” y los “interculturales”, fieles al mandato de Evo Morales, frente a los sectores mayoritarios del CONAMAQ y la CIDOB, esta última también dividida en fracciones afines y contrarias al gobierno. Algunos observadores afirman, no obstante, que el conflicto del TIPNIS solo consumó la ruptura, dado que las discrepancias habían comenzado inmediatamente después de la aprobación de la Constitución en enero de 2009, cuando los sectores vinculados a los productores de hoja de coca, a la minería y los “interculturales” se conformaron como el grupo hegemónico en el poder.

El creciente conflicto entre el Estado Plurinacional y los pueblos originarios, en realidad, confirma la inalterable voluntad del sistema político de amparar los intereses afines a los objetivos de las élites nacionales y extranjeras. Un desafío más en la histórica resistencia de las comunidades indígenas para defender la vida y preservar la integridad.

NOTAS

(1) Mailer Mattié. “La bondad del dinero. El tránsito hacia las nuevas formas de convivencia social”. Instituto Simone Weil:http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=article&id=401:mailer-mattie-la-bondad-del-dinero-el-transito-hacia-nuevas-formas-de-convivencia-social&catid=48:mailer-mattie&Itemid=68

(2) Con el apoyo del Movimiento de Unidad Pluricultural Pachakutik (MUPP), Lucio Gutiérrez fue elegido Presidente de Ecuador en noviembre de 2002. La corrupción y la traición a quienes le respaldaron propiciaron su derrota en abril de 2005, cuando la movilización popular en las calles de Quitó obligó al ejército a presionar su salida. Gutiérrez huyó de la ciudad en helicóptero, asumiendo el mando el vice Presidente Alfredo Palacio.

(3) Mailer Mattié. “Bolivia: la cuestión indígena y el Estado” y “El movimiento indígena ecuatoriano” en: La economía no deja ver el bosque. Artículos 2002-2006. Libros en red. Buenos Aires, 2007.

(4) Cooperación en Red Euro Americana para el Desarrollo Sostenible. Proyecto IIRSA, el mega proyecto para el saqueo de América del Sur: http://www.creadess.org/index.php/informate/lo-bueno-y-lo-malo/malas-practicas/21348-proyecto-iirsa-el-mega-proyecto-para-el-saqueo-de-america-del-sur

(5) http://raoni.com/noticias.php

(6) Http://xingu-vivo.blogspot.com.es/

(7) María del Prado Esteban y Félix Rodrigo Mora. Feminicidio o auto-construcción de la mujer. Volumen I: Recuperando la historia. Aldarull. Barcelona, 2012. Un libro imprescindible para comprender y desmitificar el desarrollo histórico del feminismo institucional en el Estado español; objeto, no obstante, de una vergonzosa censura aprobada por sectores de izquierda que han intentado, sin mayor éxito, vetar su difusión.

(8) Mailer Mattié. “Bolivia. Feminismo comunitario en construcción”: http://economiacritica.net/web/index.php?option=com_content&task=view&id=167

(9) EcuadorLibreRed. Decreto ejecutivo Nº 16: Se terminó con la expresión de la soberanía popular:http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/politica/2233-2013-06-21-22-33-16 http://pachamama.org.ec/

(10) El gasto militar en Bolivia y en Ecuador en 2012 fue el 1.5 por ciento y el 2.8 por ciento del PIB, respectivamente; porcentajes, inclusive, mayores al de Venezuela que correspondió al 1.1 por ciento. En la región, Cuba presenta la cifra más alta: 3.8 por ciento del PIB, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos es el 4.06 por ciento, según indicadores del Banco Mundial y del Instituto Internacional de Estudios para la Paz con sede en Estocolmo.

*Mailer Mattié es economista y escritora. Este artículo es una colaboración para el Instituto Simone Weil de Valle de Bravo en México y el CEPRID de Madrid. Su último libro, escrito junto a Sylvia María Valls, es “Las necesidades terrenales del cuerpo y del alma. Inspiración práctica de la vida social”, editado por La Caída con la colaboración del CEPRID. Disponible en librerías y en libros.lacaida@gmail.com y ceprid@nodo50.org

Fuente: CEPRID

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